Juntas de vecinos y municipio

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juntasvecinosEn diversos documentos hemos aludido a las juntas de vecinos como futuras instituciones básicas, cuyas funciones principales serían representar los intereses de sus integrantes, gestionar ciertos asuntos de interés común y servir como cauce de elección para las asambleas de delegados. Fijarles tales cometidos a organizaciones actualmente tan devaluadas exige establecer ciertos puntos básicos sobre su naturaleza, su estructura interna y sus relaciones con el Municipio.

Naturaleza

La organización del Estado debe fundarse en realidades concretas, y en lo que atañe al ámbito local, ello implica conjugar el elemento humano con el elemento territorial, teniendo su expresión más acabada en el Municipio, como órgano de una comunidad concreta en un territorio de una extensión más o menos amplia. Dentro del espacio municipal, existen diversas comunidades menores surgidas sobre realidades conocidas como “barrios”, “vecindarios” o “poblaciones”, las cuales, si bien, no constituyen una “soberanía social” desvinculada del resto, su integración en la comunidad mayor debe reconocerles sus peculiaridades y facilitarles la máxima autogestión compatible con sus capacidades reales y la solidaridad en la comuna.

Lo anterior nos permite concebir la junta de vecinos como la organización de una comunidad situada dentro del territorio municipal. No es una delegación de la administración municipal -con lo cual los propios vecinos y sus dirigentes se convertirían en pontenciales funcionarios- sino el instrumento legal que permita a un conjunto de vecinos participar en el proceso de decisiones políticas y en la satisfacción de sus propias necesidades, sea por si mismos o colaborando con potestades territoriales más amplias. En cuanto a sus funciones esenciales, ponemos el énfasis en la tarea representativa, puesto que las funciones de gestión -algunas de las cuales aludimos en el artículo “Competencias y medios para el desarrollo territorial”- sólo podrán ser desarrolladas en forma limitada, o en coordinación con otras juntas o instituciones.

Estructura Interna

Como se dijo, cada junta incorporará de pleno derecho a todos los vecinos con domicilio acreditable en la respectiva unidad vecinal, sin que ello suponga obligaciones económicas o de asistencia a las actividades de la junta que no sean aquellas que el propio ciudadano acepte voluntariamente, pues sólo a partir del nivel municipal podrán imponerse cargas públicas erga omnes, tales como multas y tributos. De este modo, por el nuevo sistema de juntas no se pretende coartar la libertad individual.

El hecho de incorporar a todos los residentes y no sólo a los voluntariamente afiliados tendrá consecuencias importantes en la estructura de la junta. Lo que no representa mayor problema es la Directiva y órgano de gestión interna, no mayor a 5 en número de integrantes, que será elegida por el pleno de los vecinos entre las listas que se propongan, pudiendo ser sometida a proceso de revocatoria si así lo solicita un número determinado de personas. Sus tareas no serán demasiado diversas a las que desempeñan las actuales directivas de las juntas regidas por la Ley N° 19.418, con la diferencia que tendrán una base de legitimidad popular mayor y a la coordinación que tendrán con la organización municipal, como veremos más adelante.

Para la elección de delegados a las asambleas municipales y otras decisiones de importancia de la unidad vecinal convendría la participación directa los residentes a través de su voto, para lo cual deben fijarse las periódicas convocatorias a elecciones o referendos, pero también estimamos útil, sobre todo en comunidades de mayor población- la formación de una asamblea vecinal -que sería el órgano representativo básico del sistema político- cuyos miembros podrían ser elegidos a nivel de manzanas o condominios, idealmente con anterioridad a la elección de las asambleas territoriales superiores. Entre sus funciones estaría controlar a la directiva de la junta y al delegado en la asamblea municipal, así como aprobar determinadas iniciativas de desarrollo comunitario (construcciones menores, beneficencia, campañas de prevención, etc.). Este órgano colegiado debería tener sesiones ordinarias, no más de 3 durante el año, sin perjuicio de que pueda convocarse extraordinariamente si un grupo de personas así lo solicita.

Una organización como la descrita debe ser lo más sencilla posible de modo tal que no agobie en reglamentaciones la vida comunitaria, pero aún así requiere de una reglamentación sencilla en la ley que , establezca el concepto de junta vecinal, requisitos para su formación, órganos que la integran y sus competencias, y medios de control sobre de gestión. Esa reglamentación debe facultar a los propios vecinos organizados para establecer un ordenamiento más detallado conforme a sus particularidades, debiendo mantenerse desde ya la personalidad jurídica de la junta y su capacidad patrimonial.

La gran ventaja de establecer este sistema nacional de vecindarios organizados a lo largo de Chile supondría tener vocerías legítimas a todo nivel, quitando gran parte de la base con que actúan los partidos políticos, “colectivos” y ONG's supuestamente vinculadas al desarrollo vecinal, pero que obedecen a intereses externos.

Relación con el Municipio

Ya adelantamos sobre la dificultad que tendrían las juntas vecinales para desarrollar por si solas tareas de desarrollo comunitario que, de algún modo, alivien a la potestad municipal de múltiples tareas que la desvían de sus funciones normativas, planificadoras y administrativas. Un camino de solución es la actuación coordinada de las unidades vecinales mediante la creación de 2 o 3 Agrupaciones vecinales al interior del territorio comunal -que integren a las unidades vecinales cercanas entre sí-, y a las cuales el Municipio les encomiende la ejecución de determinados proyectos de envergadura, sea con recursos propios o con aquellos provenientes del presupuesto edilicio o incluso regional, debiendo en esos dos casos rendir cuentas de los gastos efectuados ante los órganos de control previstos por la Constitución y la ley.

Otro aspecto importante de la coordinación de las comunidades vecinales con el Municipio sería la eventual desaparición, por inútil, de las tristemente célebres unidades de desarrollo comunitario” que intentan cooptar las organizaciones de la población bajo criterios partidistas y hasta nepotistas. Tareas como promoción de derechos de los consumidores, asesorías jurídicas o para tramitación administrativa podrían ser asumidas por los residentes organizados sin mucho gasto para ellos.

Lo anterior no obsta de manera alguna a que las juntas vecinales ejecuten libremente los proyectos que les permitan sus propios fondos o el trabajo voluntarios de personas y familias, y que estén acotados al ámbito del barrio respectivo, pues de lo que se trata es de promover que tanto el Municipio como las comunidades que lo conforman actúen armónicamente, evitando duplicidades y el derroche de tiempo y dinero.-