Nuevo municipio: organización interna.

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Señalamos en el artículo anterior que el Alcalde el la cabeza visible de la administración municipal, y su labor es dirigir conforme a la ley y bajo el control de la comunidad local. El problema es cómo estructurar los servicios dependientes para satisfacer de manera más eficaz y eficiente las necesidades locales, todo ello conjugado con una activa participación de los vecinos y una coordinación con los planes nacionales.

Actualmente, la ley orgánica constitucional establece la existencia de Secretarías Municipales y una Secretaría de Planificación, de unidades funcionales -las conocidas “Direcciones”- así como las corporaciones y fundaciones que pueden establecer los municipios. Dentro del esquema general, el artículo 31 dispone que la organización interna sea determinada por un reglamento aprobado por el Concejo a propuesta del Alcalde. ¿Qué proponemos nosotros? Buscamos señalarlo en las siguientes líneas.

Naturalmente que la Municipalidad debe contar con un órgano asesor central, generado por criterios técnicos y en lo posible por concurso público, cuyas tareas sean recopilar la información, realizar estudios y preparar los documentos necesarios para la tramitación ante el Alcalde y la Asamblea. Debe ser el soporte permanente para que las decisiones políticas de la comunidad tengan la mejor fundamentación posible, por lo que deben ser órganos de carrera funcionaria, con carácter es consultivo. El jefe de este servicio puede ser de confianza del Alcalde, pero debe poseer un mínimo de credenciales profesionales o académicas.

Precisado lo anterior, todo municipio puede y debe establecer comités sectoriales en las áreas de servicios abastecidos por la comuna: Educación y Cultura, Vivienda, Salud, Turismo, promoción empresarial, etcétera, de acuerdo a las competencias generales que la legislación asigne a las entidades edilicias (tema que abordaremos en otra oportunidad).

También estimamos que estos Comités deben tener una dirección unipersonal de carácter técnico (función de coordinación, no de “dictadura a nombre del alcalde”), pero deben contar con delegados de los diversos sectores (algunos de los cuales pueden ser miembros de la Asamblea) que controlen el cumplimiento del plan de desarrollo y el respeto de la probidad.

Las funciones de los comités sectoriales deberán ser:

Los jefes de comités reunidos pueden formar un equipo de trabajo o “gabinete por materias” del alcalde, pero de ninguna manera un equipo de decisión política, ya que ello sólo compete al comité permanente de la Asamblea, del cual hablaremos más adelante.

La vinculación con los cuerpos sociales básicos y la existencia de corporaciones sindicales con atribuciones en nuestro sistema político tendrá como consecuencia la reducción del personal necesario, aliviando la carga fiscal y aumentando los recursos disponibles provenientes de rentas municipales. 

Para la integración de trabajadores profesionales o de otro orden, la Asamblea y su Comité deben establecer criterios claros de reclutamiento, remuneración, ascenso y sanciones -dentro de los principios básicos de la contratación administrativa- con lo cual el nepotismo y los compadrazgos se hagan imposibles o se reduzcan a su mínima expresión.

Los comités deben coordinarse con aquellas unidades de ámbito local, pero que no tienen por objeto implementar planes autónomos de la comunidad, sino hacer cumplir de manera objetiva las normativas sectoriales y las directrices ministeriales, por lo que dichas unidades deben ser, en realidad, delegaciones o desconcentraciones comunales de las Secretarías de Estado. Nos parece poco racional e injusto con los municipios que se les obligue -por medio de las Corporaciones de Educación o de las Direcciones de Obras- a hacer efectivas las políticas del MINEDUC y el MINVU sin que tengan potestades correlativas. Al final, los vecinos generan un resentimiento contra autoridades nominalmente locales pero que responden a instancias superiores.

Esto presenta un problema de importancia, que también se puede producir en los gobiernos regionales, que es el eventual conflicto de competencias entre los municipios y las delegaciones locales de los Ministerios.

Ante dicha posibilidad, se hace necesario delimitar en forma precisa el ámbito de atribuciones de unos y otros, así como establecer un sistema de arbitraje administrativo de composición plural que resuelva sobre las cuestiones o contiendas que se susciten.-

AD logo Artículo publicado originalmente en la revista Acción Directa Nº 23, mayo 2011.