Migración: apuntes para un diagnóstico y soluciones realistas

Migración: apuntes para un diagnóstico y soluciones realistas

Tras las protestas en la ciudad de Iquique a propósito de las olas migratorias y la deficiente gestión del gobierno central, las reacciones de condena a tales hechos se han manifestado a través de las consignas “ninguna persona es ilegal” y “migrar es un derecho”, repetidas cuales mantras, reduciendo el fenómeno a un mero lema que, por muy valedero que pueda parecer, no sirve ni de cerca para entender el conflicto ni menos para solucionarlo. Nuestro propósito es efectuar un diagnóstico de la migración fundado en la realidad concreta, para así, por una parte, desmitificar los discursos que se enarbolan de extremo a extremo y, por otra, plantear líneas de acción para soluciones realistas.

1. Conflictos existentes.

Lo ocurrido en las ciudades de Iquique, Alto Hospicio y Colchane, región de Tarapacá, principales poblados donde se ha evidenciado las paupérrimas condiciones de migrantes que acceden por vías no habilitadas al territorio nacional, debe entenderse como la consecuencia de la falta de oportuna respuesta de parte del Estado ante las problemáticas asociadas al fenómeno migratorio.

Debe entenderse escribimos, pues todos los hechos apuntan necesariamente al gobierno encabezado por Sebastián Piñera. En ese sentido, no nos parecen suficientes las declaraciones de la socióloga María Emilia Tijoux, quien coincide en la responsabilidad política, pero apuntando hacia el discurso sobre “poner orden en casa” como un detonante de otros conflictos (Escobar, 2021).

La primera de las premisas sobre las que trabajar se vio explicitada en la manifestación del pasado 25 de septiembre: molestia como corolario del abandono, desentendimiento y la inacción de parte de las autoridades del gobierno central. Escribiríamos “se veía venir” si nos remontamos a principios de este año, cuando en el verano se difundieron las primeras noticias sobre la presencia de campamentos en plazas públicas o playas en Iquique y sus desalojos (Torres, 2021), o las denuncias de comuneros aimaras dando cuenta de robos y saqueos por parte de inmigrantes (Meganoticias, 2021). Denuncias que no dejó de aprovechar políticamente el actual candidato presidencial de la extrema derecha, José Antonio Kast (2021a).

La respuesta, por entonces, fue concertar reuniones entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y la dictación de un decreto ad hoc, enfatizando el control fronterizo (CNN Chile, 2021). Todo eso entre enero y febrero. Mientras, desde ciertos sectores se cuestionaba a la población de Colchane por haber sido una de las cinco comunas donde se impuso la opción “rechazo” en el pasado plebiscito constitucional (Lobo, 2020), como pretendiendo deslegitimar las denuncias.

Por otro lado, y retomando nuestra tesis de la responsabilidad política de Piñera, la prensa recordó las declaraciones del mismo: “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile” (El Diario de Antofagasta, 2021). Suele confundirse o considerarse a la visita del presidente a la ciudad colombiana de Cúcuta en 2019 -que algunos consideran como un “show” (Gaspar, 2021)- con como instigador o primera causa de las olas migratorias, pero debemos hacer presente que, antes de ese viaje, fue en una entrevista dada a Deutsche Welle en marzo de 2018, donde Piñera señaló: “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad” (Pérez, 2018).

En febrero de 2019, en Cúcuta, Colombia, Piñera declaró: “Nuestra presencia es para solidarizar con la lucha del pueblo venezolano por recuperar su democracia” (CNN Chile, 2019). Insistimos con el actual gobierno ya que, como veremos más adelante, es desde entonces que la inmigración aumentó de modo exponencial. Tras las afirmaciones de Piñera, meses después, su ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, declaró que se continuaría recibiendo migración venezolana “hasta que el país lo resista” (Reyes, 2019).

Los efectos de estas declaraciones han sido estudiados recientemente, determinándose que “la política interna se ha mostrado indolente frente a esta crisis, construyendo además discursos que criminalizan y estigmatizan las únicas formas de ingreso que quedan disponibles”; además de evidenciar cómo la adopción de algunas medidas desde 2019, terminaron por estimular el ingreso irregular (Stefoni et al., 2021).

Por su parte, desde Ex-Ante, medio que dirige Cristian Bofill y recibió en parte financiamiento del multimillonario Andrónico Lukšić Craig para su funcionamiento (Gutiérrez, 2020), describen el proceso que siguió Piñera antes de viajar a Cúcuta, las “alertas” que decidió ignorar, los costes políticos que le pesan y la frustrada aspiración de ejercer liderazgo en el continente (Ossandón & Bofill, 2021).

Podemos afirmar, por ende, que el descontrol de la situación por parte de las autoridades no es “causa” del conflicto actual, sino la concreción de un proceso que ha escalado hace años y que se vio agravado por una continua acumulación de errores, fundados en criterios estrechos y objetivos político-partidistas, en pro de “mejorar” la imagen del gobierno actual, que hoy trata de desentenderse de su responsabilidad.

En otra arista de dicha posición, y a propósito de los discursos que se han difundido, es necesario recordar que, en su primer gobierno, Piñera representó el interés de la oligarquía nacional por estimular la migración. Pablo Longueira, por entonces Ministro de Economía (2011-2013), de visita en España (EFE, 2012) animó a empresarios y trabajadores a migrar a Chile (Heredia, 20212). Paradójicamente, unos meses después, el mismo Longueira culparía a los “inmigrantes ilegales de quitar el trabajo a los chilenos” (El Mostrador, 2013).

La construcción de ese tipo de discursos fue cristalizando con el tiempo hasta convertirse en narrativas que deslindan con la xenofobia, mezclada con la aporofobia, lo que explicaría el rechazo del migrante pobre respecto de otros (argentinos, españoles, europeos en general) que hace décadas conviven en grandes ciudades sin mayores dificultades (Cano & Soffia, 2009).

Pero analicemos los otros conflictos también presentes. Por ejemplo, la inmigración masiva e irregular ha sido aprovechada para la trata de personas y el tráfico de migrantes. A principios de septiembre se detuvo a nueve ciudadanos bolivianos, quienes cobraban para facilitar el ingreso a través de pasos no habilitados (Andrews & Navarrete, 2021). Este fenómeno no es para nada nuevo ni ajeno a nuestro Estado: ya en 2018 se condenó a los integrantes de una red internacional dedicada al tráfico de migrantes (Lara, 2018).

Otra situación conflictiva es la precariedad, dimensión que puede advertirse en distintos ámbitos, siendo el más notorio el que detonó el conflicto en Iquique: “vivir en la calle”, la mendicidad. Y aunque haya quienes han podido conseguir un techo, ha sido en condiciones deplorables (Andrade, 2020).

En esa misma línea, el problema de la vivienda en Chile ha sido denunciado constantemente hace décadas, y en el contexto de la crisis sanitaria en curso parece haberse agravado, según puede apreciarse en los informes que la propia Cámara Chilena de la Construcción difunde.

Existe, para establecer esta situación, el “índice de acceso a la vivienda”, que “es un indicador internacional que mide la relación entre el precio promedio de las viviendas y el ingreso promedio de los hogares” (Hurtado, 2019). Para 2019, este índice (en lo nacional) era de 7,6, considerado como “severamente no alcanzable”; si se desglosa en regiones, Temuco alcanza un 8,8; Gran Concepción un 7,7 y Santiago un 7,4 (Hurtado, 2019).

Como consecuencia de esta notable falta de acceso, han aumentado el total de familias viviendo como allegados (EMOL, 2020) y el número de campamentos[1].

También existe precariedad laboral, que suele ser empleado como el principal -tal vez único- argumento en contra de la inmigración. Se manifestaría en dos caras: la “extrema”, diremos, consistente en la explotación de “empresarios inescrupulosos”, con casos que tienen más de esclavitud que la versión “menos extrema”, de trabajos en condiciones indignas. Para ejemplificar cada cual, mencionaremos casos emblemáticos.

Sobre explotación y condiciones de esclavitud migrante, Francisco Javier Errázuriz fue denunciado en 2011 por mantener a más de 150 migrantes provenientes de Paraguay en distintos fundos explotados por el Grupo Errázuriz sin contrato ni pago de remuneraciones, salud, previsión y, en algunos casos, hasta encadenados para evitar su huida (Cooperativa, 2011). También se determinó la aplicación de torturas y otros “apremios ilegítimos” como puede leerse en sentencia de 2014[2]. A fines de ese mismo año se condenó a Errázuriz a pagar aproximadamente ciento veintidós millones de pesos a título indemnizatorio a las víctimas (Díaz, 2014).

Michelle y Cristián Carrère denunciaron, en 2014, la situación de mujeres mayoritariamente dominicanas y colombianas, explotadas sexualmente en Magallanes. Tres años antes, el proxeneta Pedro Guajardo fue detenido al tratar de ingresar al país con tres mujeres colombianas (EMOL, 2011). Estas son solo algunas notas de prensa sobre “trata de blancas”.

Sobre condiciones laborales indignas, donde se mezcla insalubridad con sueldos miserables, CIPER publicó recientemente una rigurosa investigación sobre las empresas intermediarias agrícolas protagonistas, sus modus operandi y las condiciones abusivas “de contratación” (Carrère & Carrère, 2021). También en Purranque, a principios de año, fue descubierto un galpón con más de 200 extranjeros sin lo más básico para vivir (Stuardo, 2021).

Esta clase de conflictos migratorios ha sido (y sigue siendo) instrumentalizado políticamente para crear un “enemigo étnico” o “los otros” como les refieren Lucía Dammert y Matthias Erlandsen en un estudio publicado en 2020, sobre la cobertura de medios de prensa al tema migratorio en 2017, en el contexto de la elección presidencial que se realizó a fines de ese año.

Así, pocos días antes de las protestas en Iquique, el Director del Servicio Nacional de Migraciones (antes Departamento de Extranjería y Migración, DEM), Álvaro Bellolio, acusó a los alcaldes y gobernadores electos del Frente Amplio y su candidato presidencial de “dificultar su trabajo”, pues: “si los alcaldes y los gobernadores del Frente Amplio dicen ‘nosotros les vamos a dar visa’, el candidato Boric dice ‘nosotros le vamos a dar casas’ es muy difícil trabajar y desincentivar el ingreso clandestino'.” (González, 2021). A fines de agosto, Bellolio ya había hecho el nexo entre el conflicto y la candidatura del Frente Amplio: “Gabriel Boric tiene en su programa de gobierno que si se ingresa clandestinamente van a acceder a subsidios de arriendo” (Silva, 2021).

El candidato de la extrema derecha no dejaría de perder la oportunidad, y también días antes de las protestas, consultaba a sus seguidores en Twitter por las zonas donde se encontraban los campamentos de migrantes (Kast, 2021b).

El discurso que construye la derecha radical se centra en el problema del orden, fundándose en casos reales o no que, exagerados, “ejemplificarían” el caos, la “amenaza”, aun cuando sus referentes fueran migrantes o descendientes de inmigrantes, como le espetó Felipe Kast a su tío, José Antonio (El Mostrador, 2019).

pancarta mansPor el contrario, la derecha “menos radical” se ve más proclive a centrarse en el problema “operativo”, sobre la legalidad, y ni siquiera el económico, que les aprovecha. El sociólogo Immanuel Wallerstein lo relaciona con el racismo y lo sintetiza de la siguiente manera: “Este tipo de sistema -un racismo constante en la forma y en el veneno, aunque un tanto flexible en sus fronteras- hace sumamente bien tres cosas. En primer lugar, permite ampliar o contraer, según las necesidades del momento, el número de individuos disponibles para los cometidos económicos peor pagados y menos gratificantes en un ámbito espacio-temporal concreto. Por otra parte, hace nacer y recrea permanentemente comunidades sociales que en realidad socializan a sus hijos para que puedan desempeñar, a su vez, las funciones que les corresponden (aunque, desde luego, les inculcan también formas de resistencia). Por último, ofrece una base no meritocrática para justificar la desigualdad” (Balibar y Wallerstein, 1991: 57-58).

El racismo contra migrantes, que puede abordarse desde el marco neoliberal o conservador como hemos tratado anteriormente, también tiene una expresión en el marco “paternalista”, al “ser inferiorizados como “objetos de asistencia”, representados como “pobres”, “incapaces” o, sin necesariamente serlo, tratados como “refugiados”” (Rojas et al, 2015). Por ende, adoptar una posición revolucionaria exige tener todos estos antecedentes a la mano y, en base a la realidad, avanzar en un diagnóstico que sirva para soluciones igualmente realistas.

2. Situación de la migración en Chile: datos y hechos.

Aterrizando el conflicto político a la realidad concreta, pues el problema migratorio es real, cualquier diagnóstico debe considerar el fenómeno en toda su complejidad. Somos conscientes que no podemos guiarnos únicamente por las cifras, especialmente cuando se trata de personas, nuestros connacionales y migrantes; mas, para la adopción de una política de Estado, hechos y datos son esenciales.

¿El origen de esta información? Contrario a lo que ocurre con ciertos grupúsculos y discursos reaccionarios, la amplitud de la información es útil (y necesaria) para evitar lo dogmático, la replicación de falsedades o la contribución a las mismas. Identificamos dos grandes grupos de fuentes:

a) Las estatales, que a su vez pueden ser nacionales o internacionales (Estados vecinos). En Chile, la información relevante es constantemente recopilada y difundida por las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Estadísticas, Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores, Policía de Investigaciones, Servicio de Registro Civil e Identificación. En menor medida, los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Familia, y de Interior y Seguridad Pública también están tratando datos con enfoque migratorio.

En Perú podemos mencionar el Instituto de Estadística Nacional e Informática (INEI), su DATACRIM (Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad), la Superintendencia Nacionales de Migraciones. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Migración Colombia y su Sistema de Información de Registro de Extranjeros (SIRE) o de Permiso Especial de Permanencia (PEP). Por último, en la República Bolivariana de Venezuela existe el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) o su Institución Nacional de Estadísticas (INE).

b) Las no-estatales, que contemplan las de origen nacional (fundaciones, organizaciones no gubernamentales, cuerpos sociales), como pueden ser Servicio Jesuita a Migrantes, América Solidaria, Instituto Católico Chileno de Migración, Movimiento de Acción Migrante, Cruza Roja Chilena, entre otros; y las internacionales, tales como organismos internacionales especializados -OMI, ACNUR, CEPAL, PNUD- y entidades privadas del más variado tipo, como el Observatorio Sudamericano sobre Migraciones, Observatorio Iberoamericano sobre movilidad humana, Migration Policy Institute, etc.

Cabe mencionar que, según una recopilación de sistemas de información internacional sudamericano sobre migración, prácticamente todas las instancias se encuentran desactualizadas[3].

distribución extranjeros 2018 2020La multiplicidad de fuentes permite contrastar la información y extraer los datos relevantes. Entendemos que la migración (traslado, voluntario o no, a un lugar distinto del propio o de origen), como fenómeno, se refiere tanto a la situación interna del país (que en ocasiones adopta el nombre de “desplazamiento”), como hacia el exterior, tanto de quienes egresan (emigración) y quienes ingresan (inmigración). Cuestión aparte es el refugio, situación crítica de ciertas personas que, por distintas razones, requieren de una atención especial. Suele confundirse la calidad de refugiado con la de migrante. Como sea, todo trabajo debe ceñirse a tal plano conceptual a fin de evitar confusiones o un inadecuado tratamiento de los datos.

Dicho todo esto, podemos describir la situación migratoria (y particularmente la inmigrante) respondiendo las siguientes preguntas:

2.1. ¿Cuántos extranjeros hay en Chile?

En 2018: 1.301.381; en 2019: 1.450.333 y en 2020: 1.462.103 (INE, 2021a). Se estima que en 2021 estos alcancen 1.515.665, un 7,8% de la población total, proyectándose para 2025 una cantidad cercana a 1.605.000 (INE, 2020), manteniéndose la proporción cercana a un 8%.

Hay quienes afirman sin tapujos “no sabemos cuántos son”, lo que es falso. Aún sin la información totalmente certera, suponiendo, por ejemplo, la presencia de inmigrantes irregulares que estén “fuera del sistema”, existen los mecanismos para hacer estimaciones sobre población.

2.2. ¿Cuántos chilenos son emigrantes?

Acorde al Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, dado a conocer en enero de 2018, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que 1.037.346 chilenos residen en el extranjero (Montes, 2018). Cerca de un tercio se agrupa en Argentina.

2.3. ¿De dónde provienen los inmigrantes?

Según datos actualizados a fines de 2020, la inmigración se concentra en nacionales de nuestro continente, constituyendo una mayoría equivalente al 30,7% del total los provenientes de Venezuela, seguidos por Perú (16,3%), Haití (12,5%), Colombia (11,4%) y Bolivia (8,5%); todos los cuales suman un 79,3% del total del flujo migratorio hacia Chile (INE, 2021b).

Estos datos muestran una tendencia constante de los últimos 5 años.

2.4. ¿Qué nivel de estudios tienen los inmigrantes en Chile?

Según la Encuesta CASEN de 2017, los inmigrantes tienen mayores niveles educacionales en cuanto a educación media completa: 37,1% por sobre el 30,4% nacional y en educación superior completa: 35,8% por sobre el 17,4% nacional[4]. Sin embargo, los datos varían entre países de origen al detallarse (Lafortune, 2019) como consta a continuación:

diferencias educativas migrantes

3. Mitos recurrentes en torno a la migración.

Revisemos los principales mitos que se difunden a propósito de la migración y la inmigración en específico. Para hacerlo didáctico, los reformularemos como preguntas.

3.1. ¿La inmigración afecta al empleo o incide en el desempleo?

fig1.composición de la poblaciónSiendo la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas el principal mecanismo para determinar la situación laboral de los trabajadores chilenos, el INE incorporó la variante de “población extranjera” en la elaboración de sus estadísticas (INE, 2020b). Hay quienes afirman que “más extranjeros implicará más desempleo”, no siendo del todo correcto, por las adecuaciones que se han hecho a las estadísticas en materia del empleo. En efecto, los datos de empleo y desempleo se han mantenido constantes pese al flujo migratorio de los últimos cinco años.

De este modo, por ejemplo, la información elaborada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), dependiente del Ministerio de Agricultura, determinó que la participación de trabajadores extranjeros en las actividades del sector silvoagropecuario y pesca alcanzó a 5,6% y 5,2% para los trimestres móviles de marzo-mayo y abril-junio de 2020, participando un mayor número de mujeres que de hombres, siendo los principales países de origen: Venezuela (27,4%), Haití (27,3%), Bolivia (27,1%), y Perú (13,0%) (Contreras, 2020).

Por otro lado, en base a un boletín del Observatorio Laboral -dependiente del SENCE-, dio cuenta que, para diciembre de 2020, un 72% de inmigrantes trabaja en el sector privado, 15% trabaja por cuenta propia, un 4% es empleador y otro 4% trabaja en el sector público, un 5% personal de servicio doméstico y 1% destinado al trabajo familiar o “personal no remunerado” (SENCE, 2020).

sence caracteristicasEn cuanto a desempleo, un estudio elaborado para la Comisión Nacional de Productividad, confirma la tendencia de mayor participación migrante en la “fuerza de trabajo”, empleando los criterios o definiciones, tanto válidos para la OCDE como para el INE: “En 2012, 74% de los migrantes en edad de trabajar declararon formar parte de la fuerza de trabajo acorde a mediciones de la OECD y 70% según el INE. Contrasta con las mediciones de los nativos en la fuerza laboral: 64% acorde a la OECD y 56% según el INE. Esta brecha entre migrantes y nativos es aún más marcada en 2017, donde 81% de los migrantes entre 15 años y la edad de jubilación participan en la fuerza laboral (78% usando a todos los mayores a 15 años) y solamente 68% de los nativos (o 60% según la definición del INE) lo hacían” (CNP, 2020).

No obstante, según los propios investigadores del INE, es imperativo que las encuestas no subestimen a este grupo (“stock”), dado que “la población extranjera tiene un vínculo con el mercado del trabajo distinto del que tiene la población nacional, se hace necesario que la encuesta no subestime de forma relevante a esta población”, siendo necesario “tener cifras confiables y exógenas de estos importantes grupos de la población, posibilita realizar una calibración a la población nacional y extranjera de la encuesta, mejorando así la confiabilidad en las estimaciones de la encuesta” (INE, 2020a).

3.2. ¿La inmigración empeora las remuneraciones o condiciones laborales?

fig2.desempleoMuy relacionada con la pregunta anterior, se han elaborado estudios específicos sobre el impacto en las remuneraciones. Es razonable pensar que, a mayor cantidad de trabajadores que se suman a la fuerza del trabajo, exista algún tipo de impacto en las remuneraciones. El punto es determinar desde qué “momento” ese impacto puede ser juzgado como positivo o negativo, en relación al aumento o mantención de las remuneraciones, o a la reducción de las anteriores, respectivamente.

Las conclusiones, por el momento, se encaminan en dos sentidos:

a) positivo, pues “no hay evidencia de que los sueldos promedio hayan disminuido su crecimiento durante el período de llegada acelerada de migrantes al país a partir del 2015”; observándose “durante este período, las remuneraciones reales crecen a mayor velocidad que la productividad, medida como producto por trabajador”. Antes de 2017 la brecha entre remuneraciones favorecía a los nacionales y, después de ese año, se observa cierta equiparación, pero no porque los “migrantes hayan pasado a ganar más”, sino porque ha aumentado la cantidad de migrantes “hacia sectores peores pagados”, antes no ocupados por chilenos (Urria, 2020).

b) negativo, identificándose impactos en las remuneraciones producto del flujo migratorio en sectores específicos de la economía, siendo aquellos: “electricidad, gas y agua, comercio, hoteles y restaurantes, enseñanza y otros servicios comunitarios” (Astudillo et al, 2019).

Puesto en perspectiva, entre 2013 y 2019, inmigrantes se concentraron en el comercio, construcción, servicio de comidas y otros servicios; los que en 2018 tenían un salario promedio relativamente bajo pero que, para 2020, dichas remuneraciones experimentaron un crecimiento en torno a un 2%.

Un dato que debe tenerse en cuenta, es que investigadores del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CLAPES UC), comentaron que “en promedio, se encuentran efectos negativos cuando existe al menos un 10% de participación de los migrantes en el empleo” (Bravo & Urzúa, 2018, p. 8).

3.3. ¿Cuál es el impacto económico de la inmigración? ¿Los inmigrantes aumentan el gasto fiscal chileno?

Entre 2014 y 2017, inmigrantes contribuyeron en promedio un 0,5% del PIB (Maire, 2019). Se arribó a esa conclusión descomponiéndose los ingresos que generan nacionales y extranjeros, a través de impuestos directos, indirectos y mediante el pago de multas, y deduciéndose el gasto fiscal en educación, salud, transferencias directas, subsidios habitacionales y otros programas sociales.

Es a través de los impuestos, directos o indirectos, que se produce mayor contribución. En efecto, “el monto promedio de impuesto directo pagado por migrantes es mayor que los locales durante todo el periodo y el crecimiento del número de contribuyentes extranjeros es mucho mayor que el de los chilenos” (Urria, 2020). ¿A qué se debe esto? Sencillo: como el grueso de la inmigración (81,8% en mayo de 2018) la componen personas en edad de trabajar, y su empleabilidad es alta, es mayor su aporte en proporción al de nuestros nacionales, siendo los “impuestos al consumo” los que más pesan en el total de ingresos tributarios (Guerrero, 2020).

Las ideas de la inmigración como “carga” o “costo excesivo” se basan en las situaciones de los Estados de bienestar europeos[5], que destinan continuas sumas de dinero para la manutención o asistencia social de sus habitantes, sean nacionales o extranjeros, lo que evidentemente no ocurre en el caso del Estado de Chile, incluso si se contrasta con el alcance de programas sociales respecto de otros países de nuestro continente, posicionándose nuestro país muy por detrás de Uruguay, Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay (Abramo et al, 2019).

A niveles de gasto fiscal “los migrantes en Chile, al igual que en otros países, acceden en menor medida a beneficios sociales, lo que está posiblemente vinculado a los requisitos institucionales y legales que deben cumplir para poder estar suscritos a estas ayudas estatales” (Maire & Tessada, 2019).

En lo específico, si nos centramos en salud y educación, al concentrarse la población migrante en edades que requieren menor atención, el costo para el Fisco de Chile -en el primer ítem- es similar entre nacionales y extranjeros; y, en educación, sí se ha identificado un alza, principalmente por aumento de matrícula y los beneficios que reciben los estudiantes (alimentación, transporte, útiles), lo que contrasta con el “ahorro” que significa el que ingresen migrantes con estudios secundarios completos: “el Estado chileno se ahorra alrededor de 1.200 dólares anuales en subvenciones escolares por cada año de educación media que tenga la persona migrante que llegue al país” (Urria, 2020).

3.4. ¿La inmigración satura el sistema de salud público?

graficoflujoEntre otras cosas se rechaza la migración porque su alto flujo saturaría el sistema de salud público, o incluso porque inmigrarían con enfermedades que nuestros nacionales no poseen. Eso, desde luego, supone que haya atención previa, y afirmarlo implica desconocer la calidad en el acceso y la atención de nuestro sistema de salud público.

En base a dos estudios distintos, podemos afirmar que

(i) Tanto el uso de servicios a corto y largo plazo es inferior al de nacionales: 13,3% versus 24,4%. Quienes carecen de previsión o seguro de salud presentan las menores tasas de atención, prevaleciendo los nacionales: 60 por cada 100 inmigrantes versus 79 por cada 100 chilenos. (Cabieses et al, 2017).

(ii) La atención hospitalaria es recibida mayoritariamente por mujeres (60,5% chilenas, 72,3% inmigrantes) que hombres (39,5% chilenos, 39,4% inmigrantes), siendo preponderante la atención por embarazo, parto o puerperio. (Oyarte et al, 2017). Pese a que estos porcentajes pueden parecer altos, revisadas la cantidad de atenciones, migrantes varones o mujeres no superan el 1% del total de la población.

Como hemos dicho, al ingresar mayoritariamente personas en edad para trabajar, las mujeres -que superan a los hombres- también lo hacen en edad fértil, por lo que es esperable que las atenciones relacionadas sean superiores, aunque muy por debajo a las chilenas desde luego (recordar proporción población chilena y migrante internacional, 93-7% respectivamente).

Otro dato aportado, son las causas de morbilidad según la clasificación internacional de enfermedades CIE-10, siendo los principales motivos, ya de consulta como de hospitalización: embarazo, parto o puerperio (43,7%), enfermedades del sistema digestivo (8,1%), genitourinario (5,8%), osteomuscular y del tejido conjuntivo (4,5%) circulatorio (4,4%) y respiratorio (3,7%) (Oyarte et al, 2017).

Por último, en cuanto a previsión de salud, de entre los inmigrantes un 44,5% posee FONASA (vs. 73,1% de chilenos), 31,8% ISAPRE (vs. 17,7% de chilenos) y 17,6% no posee previsión, pero paga su atención (vs. 1,9% de chilenos).       

3.5. ¿Qué impacto tiene la inmigración en la matrícula educacional?

Entre 2014 y 2019 la matrícula escolar aumentó en un 616%, distribuyéndose más de la mitad de estos nuevos estudiantes en establecimientos públicos y alrededor de un tercio en particulares subvencionados. Este impacto, sin embargo, no es homogéneo en el sistema educativo, pues “hay casos de pocas escuelas, mayoritariamente públicas y ubicadas en ciertas regiones y comunas, que poseen una matrícula principalmente migrante, mientras que la mayoría posee poca o nula” (SJM, 2020).

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En cuando a cifras específicas, cerca de un 70% de establecimientos educacionales no poseen más de 3% de matrícula migrante y un 30% no cuenta con ninguno. Cabe recordar que la educación pública, desde 2012 en adelante, ha venido progresivamente perdiendo estudiantes, supliéndose la matricula -en parte- con nuevos estudiantes inmigrantes.

Para facilitar su incorporación, el Ministerio de Educación creó el IPE, sigla de “Identificador Provisorio Escolar”, y el IPA, “Identificador Provisorio de Apoderado”, debido a la tardanza en la obtención del RUN (rol único nacional) o RUT (rol único tributario), tal y como hizo Colombia ante el fenómeno migratorio masivo venezolano (Selee & Bolter, 2020).

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3.6. ¿La inmigración aumenta la delincuencia?

Si nos guiamos por el “Sondeo de percepción sobre migración en Chile”, elaborado por Florencia Serra, investigadora de Centro de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Andrés Bello, los encuestados identificaron como característica prioritaria a evaluar para el otorgamiento de permisos migratorios, la revisión de antecedentes penales (92%), por sobre la posesión de una profesión u oficio (35%), el idioma común (33%), contar con ahorros (25%), la religión (8%) o el color de piel… (5%) (Serra, 2020).

Esta preocupación se ha manifestado, por una parte, en la elaboración de un discurso que “criminaliza” la migración y, por otra, en la elaboración de múltiples informes para verificar tal situación. Sobre el primer punto de hecho, el profesor Daniel Hasson (2020) opina que existiría una suerte de “chivo expiatorio” por parte de las autoridades “para culpar graves situaciones y crisis actuales”.

Los resultados de las investigaciones son evidentes: la incidencia de la migración en delincuencia no supera del 3% del total de procesados criminalmente (ya sea imputados y privados de libertad). Cifra que se empequeñece si se compara con la población inmigrante presente en cada país. Pese a estas estadísticas, existe una “impresión” que los hechos delictuales protagonizados por inmigrantes son muchos más.

Compendio Estadístico Penitenciario 2019 p. 179

Este fenómeno, relacionado con la cobertura que efectúan los medios masivos de comunicación y complementado por su repercusión en redes sociales como Facebook, Instagram o YouTube, fue estudiado recientemente, concluyendo los investigadores que: “el número de noticias diarias de crimen aumenta de manera desproporcionada justo después que un homicidio fue cometido por un extranjero (en relación a aquellos homicidios donde el sospechoso era chileno). Este resultado sugiere la presencia de otro importante canal que podría explicar la divergencia entre delincuencia y percepciones asociadas al fenómeno de la inmigración” (Ajzenman et al, 2021).

Si revisamos lo estudiado en forma comparada (internacionalmente), en septiembre de 2020 se expusieron las conclusiones de un trabajo investigativo que analizó los datos de criminalidad en Colombia, Perú y Chile a propósito de la migración venezolana (Bahar et al, 2020). En base a las datos publicados y tratados por estas tres naciones, pudo concluirse que, por ejemplo, en Perú -para 2019-, y utilizando de base la información sobre encarcelamiento como un indicador de criminalidad, sólo el 1,3% de los presos son extranjeros, mientras que los venezolanos representan el 2,9% de la población total del país.

En contraste, en Chile, sólo el 0,7% de los imputados en 2019 eran venezolanos, siendo estos un 2,4% de la población total. La cifra más alta es identificada en Colombia, con un 2,3% de venezolanos procesados criminalmente, representando la diáspora de dicho país un 3,2% del total de colombianos.

3.7. ¿La migración es un negocio de Maduro?

Se ha dicho que la migración venezolana en particular, beneficiaría al gobierno venezolano. ¿En qué sentido? A través del mercado de divisas. Si revisamos la información disponible, en 2018 la remesa de su diáspora en el exterior fue de 3500 millones de dólares y en 2019 de unos 3700 millones de dólares. Podría decirse, a priori, que la dolarización de la economía venezolana favorece su situación, pero los análisis no son concluyentes, pues existen situaciones que, en efecto, son contraproducentes (López, 2021).

Ello, entre otras cosas, porque ha proliferado en un mercado informal, cuya red de cambistas de dinero frecuentemente “castiga” con sus costosas transacciones, pese al uso de sistemas de transferencia y de pago en línea, como Zelle y Venmo. También hay ciertos productos que, aunque se intercambien mediante dólares, sus precios no son inmunes a la inflación (López, 2021).

A pesar de lo anterior, si en el supuesto que el escenario de las remesas fuese determinante y favoreciera la permanencia de Maduro como gobernante, Estados Unidos adoptaría una posición diferente a la que ha sostenido desde 2017, destinando más de 1900 millones de dólares para asistencia humanitaria, económica y de salud (Voz de América, 2021); y a los que sumará otros 336 millones de dólares para asistir a los países receptores de migración venezolana (Price, 2021). O sea, para “estimular” o “reducir el impacto” de la emigración, según se prefiera apreciar.

4. Agenda 2030 y migración.

Se dice que estos flujos migratorios tienen por objeto socavar la soberanía nacional, destruir la unidad, el “reemplazo étnico” o demográfico de la población, apuntándose al principal instrumento internacional que daría testimonio de tales fines: la denominada “Agenda 2030”, que es como se conoce a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” u “Objetivos Mundiales”[6] adoptados en 2015[7].

Al año siguiente se creó, en Chile, el Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, quien lo presidirá, Secretaría General de la Presidencia, Economía, Fomento y Turismo, Desarrollo Social y Familia, y del Medio Ambiente[8].

Revisando su texto, tanto en inglés como español, la única referencia directa a la migración como tal se encuentra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, titulado “reducción de las desigualdades”, según el cual existiría un consenso internacional sobre el crecimiento económico y su insuficiente impacto en la reducción de la pobreza, por lo que, parar lograrlo, los Estados deben tener en cuenta el carácter inclusivo del crecimiento; además de considerar lo económico, social y ambiental como dimensiones del desarrollo sostenible, creando, entre otras metas:

10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (Naciones Unidas, 2018, p. 48).

Los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se relacionan con la migración, tienen que ver con: movilidad estudiantil (4.B), combatir la trata y el tráfico de personas (5.2, 8.7, 16.2), promover el trabajo decente, combatir el trabajo infantil y forzado (8.5, 8.7, 8.8), reducir los costos de transacción de remesas (10.C) y mejorar el manejo de datos (17.18). (Mosler, 2018).

Como podrá apreciarse, el resto de objetivos están relacionados con ámbitos más amplios y no necesariamente estrechos con la migración. Ahora bien, si analizamos el objetivo 10.17 ya transcrito, se desprende del mismo que la migración debe ser ordenada, regular y segura. Estos mismos preceptos son recogidos en el “Pacto Mundial sobre Migración” aprobado a fines de 2018[9], conferencia a la que Chile no asistió ni ha suscrito. Empero, ¿qué se entiende por migración ordenada, regular y segura?

Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2006), que sea ordenada implica que el “Movimiento de personas de su lugar de residencia a otro, respetando la legislación que regula la salida y el viaje del país de origen, el tránsito y el ingreso en el territorio del país de tránsito o receptor” (p. 41). Vale decir, la definición “subraya el derecho de un Estado a regular la entrada como base para poder garantizar el tratamiento adecuado de los migrantes, otorgar derechos, hacer cumplir la ley y gestionar las relaciones con las comunidades de acogida” (Mosler, 2018, p. 28).

Que sea regular, a su turno es lamigración que se produce a través de canales regulares y legales” (OIM, 2006, p. 41); y segurano es un concepto estático y se refiere principalmente al bienestar y la reducción del riesgo para los migrantes, y debe tomar en consideración las necesidades de las diferentes categorías de migrantes, así como también los factores que pueden hacer que cualquier migrante sea vulnerable” (Mosler, 2018).

Como podrá apreciarse, contrario a lo que se difunde, los ODS (“Agenda 2030”), en materia migratoria, no transgreden la autodeterminación de los Estados, reiteran el que la migración deba sujetarse a las normas internas de los mismos, etc. Resultando, en definitiva, un simple bulo.

Por último, debemos hacer presente que la idea del reemplazo demográfico tiene un origen europeo, de la mano de los grupos que han venido en identificarse como “Nueva Derecha”, pero que, para nuestro país y el continente sudamericano, no tiene asidero alguno. Así, por ejemplo, según una investigación reciente, quienes en efecto deben “temer” un reemplazo étnico o demográfico son los países del “viejo mundo”, pues mientras en los países de origen o periféricos “el excedente poblacional que genera el bono demográfico en los países de origen es la contracara del déficit demográfico que se produce en los países de destino como resultado del envejecimiento de la población y del advenimiento de la llamada segunda transición demográfica.” (Canales, 2015).

5. Posibles medidas locales (nacionales).

La última encuesta (5ta. Ronda) elaborada por la oficina en Chile de la OIM, concluye que: “En términos generales, la presente ronda muestra un cambio en el patrón migratorio de personas venezolanas que llegan a Chile. Entre otras cosas, se observa que responde a un flujo más joven, con menor calificación, y con mayores vulnerabilidades”.[10] La adopción de medidas debe tomar en consideración este escenario y trabajar en el supuesto de un agravamiento de la situación. Así, al ser más jóvenes los inmigrantes que actualmente se trasladan al país, con menor escolaridad, menos recursos disponibles e ingresar por pasos no habilitados, de modo irregular, es dable esperar que los conflictos se exacerben, ya sea entre migrantes o con/entre nuestros nacionales.

Históricamente, los intentos del Estado nacional por estimular la migración de colonos para ocupar y explotar tierras, de obreros para impulsar el desarrollo industrial o la concesión de refugio a determinadas personas que tenían problemas políticos, siempre fueron superados por la migración de pequeñas comunidades (familias, agrupaciones de familias), de modo libre y espontáneo (Bravo & Norambuena, 2018).

A lo anterior también debe considerarse que “la movilidad humana ha estado siempre presente a lo largo de la historia. Los individuos han tomado la decisión de migrar movidos por los tratos injustos, por persecuciones étnicas y religiosas, por presiones medioambientales, diferencias en los salarios e incluso en el costo de vida, además de beneficios sociales como infraestructura de salud, oportunidades educacionales o la mayor libertad política o religiosa” (Appleyard & Field, 2003).

Luego, y a propósito de la regulación, “las migraciones no son un problema “per se” para la seguridad y menos para la defensa, sino que lo son otros fenómenos sociales que se pueden originar a partir de ellas” (Puig, 2020).

1a. medida. Seguridad, información y requisitos flexibles de ingreso. Como vimos, internacionalmente está reconocido que cada Estado tiene derecho a establecer sus propios requisitos de ingreso. Como la literatura académica internacional es coincidente en señalar que, para evitar efectos negativos en las remuneraciones de los trabajadores, acceso a servicios básicos y la explotación capitalista de “empresarios inescrupulosos”, la cantidad de extranjeros presentes en el territorio no debe superar el 10% de la población.

Con flexibilización de requisitos nos referimos a distinguir aquellos inmigrantes que ya posean lazos familiares, estudiantiles o laborales verificables en Chile con los que no; y en el caso de estos últimos, disponer medidas humanitarias de contención, a través de albergues, en coordinación con organizaciones de inmigrantes que ya operan en el país o a través de programas internacionales vigentes. Sobre la colaboración internacional nos referiremos más adelante.

Todo lo cual debe ser difundido por las distintas secretarías de Estado, especialmente Interior y Relaciones Exteriores, involucrando al Servicio Exterior Chileno presente en el continente, para que el acceso sea fácil, expedito y claro, ya que las principales fuentes de información de quienes migran al país son Internet y los extranjeros ya residentes en Chile.

2a. medida. Mejorar obtención y tratamiento de datos sobre migración. La regularidad de la presencia extranjera en Chile no responde únicamente a una cuestión “autoritaria” o de control: es fundamental para la obtención y tratamiento de datos, a fin de desarrollar y ejecutar políticas de Estado debidamente fundadas. También está demostrado que es útil para evitar la explotación laboral, la trata de blancas y otros fenómenos a los que el Estado debe prestar atención y combatir con firmeza.

Ya en 2015 los Objetivos del Milenio que mencionamos -a propósito de la “Agenda 2030”- resaltaban “la importancia de contar con datos de calidad, que cubran diversos aspecto, para poder dimensionar correctamente la problemática, advertir todas las aristas implicadas y monitorear el progreso del cumplimiento de los objetivos establecidos, siendo, por ejemplo, en esta línea, útil destacar la diferencia existente entre migrantes que buscan residencia y los que se encuentran en tránsito” (Garay, 2020). Cinco años después recién el INE implementó el vector migración en la Encuesta Nacional de Empleo, lo que es absurdo.

3a. medida. Regularización de migrantes ya presentes en el territorio. En línea con las otras medidas, el Estado debe incentivar, mediante campañas informativas, a los inmigrantes en situación irregular que ya trabajen o se avecinden en nuestro territorio a obtener autorizaciones de trabajo ad hoc (o “residencia temporal”). Se debe explicitar por todos los medios posibles que es una medida para quienes actualmente se encuentren en Chile, para desincentivar futuros ingresos masivos.

4a. medida. Reconocimiento de estudios y experiencia laboral. En coordinación con universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, SENCE y MINEDUC, se debe implementar un programa de reconocimiento de los estudios cursados en el extranjero y de la experiencia (u oficio) que cuenten los extranjeros avecindados en el país. Es común que migrantes calificados se vean impedidos de obtener el reconocimiento de sus estudios por los altos costos involucrados, procedimientos poco claros y tediosos. Ya denunciamos esto a propósito de la aplicación de la EUNACOM (Pierre, 2017).

Además, este programa es igualmente válido para nuestros nacionales, trabajadores con vasta experiencia y buen oficio siguen percibiendo remuneraciones bajas por carecer de “estudios oficiales” o reconocidos. Diplomados, talleres, extensión de instituciones de educación superior deben articularse.

5a. medida. Dar cuenta del funcionamiento, cobertura y costos de nuestros sistemas de salud y educación. Muchos inmigrantes arriban al territorio nacional con preconcepciones erradas de cómo operan, qué cubren y cuáles son los costos de nuestros sistemas de salud y educación, ya públicos como privados. En los estudios de atención de salud primaria que referimos antes, cerca de un 15% de inmigrantes que se atendieron en la salud pública desconocían su previsión.

Estas campañas de divulgación también serán ventajosas para nuestros nacionales, pues es común la falta de información sobre el funcionamiento de lo que ya existe, independiente de lo bueno, malo, insuficiente o miserable que puedan ser. Es esencial el conocimiento del mismo para un mejor uso y soslayar los abusos que se fundamentan en la falta de información o la ignorancia.

6a. medida. Organismo de coordinación nacional sobre migraciones. En la nueva ley de migración y extranjería, que aún no está vigente porque el gobierno de Sebastián Piñera aún no dicta su reglamento, se contempla el reemplazo del actual Departamento de Migración y Extranjería por el Servicio Nacional de Migraciones, a la vez que se crea un Consejo de Política Migratoria, compuesto por el Ministro de Interior y Seguridad Pública, Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y Seguridad Social.

De esta enumeración ya se advierte la ausencia del Ministerio de Educación y el resto de cuerpos sociales educativos (universidades, CFT, IP, organizaciones gremiales de docentes, etc.). También el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Tesorerías. Al “debe” de esta conformación se añaden las funciones previstas, más en sentido de “informar” que de producir material o, como proponemos, de servir de coordinación entre instituciones públicas, organismos técnicos y el cuerpo social. Es frecuente que estos “consejos nacionales”, de marcado carácter consultivo, sean simplemente testimoniales, su capacidad operativa limitada y con una producción discontinua de información útil. Véase el ejemplo del Consejo Nacional de Productividad.

Consideramos que estas medidas, pese a ser razonables y ejecutables, exceden la estrecha concepción del Estado que tienen los partidos políticos y sus controladores oligárquicos. La última década ha dejado en evidencia la supremacía de un prisma utilitario, al que le beneficia la adición de mayor mano de obra barata, que es indiferente a los conflictos y desligada de las responsabilidades, llegando al punto de centrar la atención en contra del inmigrante, con la construcción de toda una narrativa que fagocita de la legítima molestia de las comunidades básicas, incapaces, por sus medios, de abordar un fenómeno complejo. Igual tarea cumplen los medios masivos a través de la información sesgada o deficiente, como al señalar que los hechos de Iquique eran “insólitos” a nivel internacional, olvidando que en agosto de 2018 ocurrió lo mismo en Brasil contra un campamento de migrantes venezolanos (BBC, 2018).

Tampoco puede culparse al que migra como el causante de tal situación, especialmente cuando se haya en una posición desventajosa e insignificante en comparación al alcance, funciones y recursos del Estado, sus organismos e instituciones policiales y militares. Y es, precisamente, en razón de ello que la más alta responsabilidad radica en la más alta magistratura; dado que nuestro orden público jurídico entrega la conducción del orden interno y las relaciones internacionales a quien ostenta la jefatura del Estado.

El tratamiento del fenómeno migratorio debe ser transparente para evitar se repitan situaciones irregulares, como ocurrió con el gobierno de Michelle Bachelet, que no adoptó medidas atingentes pese a los informes sobre el incremento de la migración irregular (Parra, 2020). 

6. Hacia una política exterior revolucionaria.

Estimamos, con todo, que la adopción de medidas locales es insuficiente sin decisiones que involucren la colaboración internacional, especialmente entre todas las naciones que integran Nuestra América.

Ante este tipo de fenómenos, históricamente en otras latitudes o, de modo más cercano y reciente en Centroamérica, ha surgido una respuesta diplomática y colaborativa, teniendo como norte la realidad geopolítica que vincula a nuestras repúblicas. Así, por ejemplo, la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), de la que son parte Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana es un foro intergubernamental establecido en 1996[11] que sirvió de base de contacto para que, en 2020 y 2021, México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua acordaran distintos “Memorándum de Entendimiento” para servir como mecanismo regional de colaboración, que permita la repatriación, la migración regular, normas sobre trabajo y el combate contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2021)[12].

A la existencia de aquella Conferencia Regional también puede sumarse la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, originada en 2018 como respuesta del “sistema internacional” (ACNUR, OIM) a la migración masiva de Venezuela hacia sus países vecinos y otros del continente.

Si bien existe una Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM) establecida en 2000, su funcionamiento dista bastante de la Conferencia Regional.

Estas estructuras preexistentes pueden servir como ejemplo para generar una respuesta conjunta de las naciones suramericanas, primero en el ámbito de lo migratorio y luego en pro de la solución política de los conflictos que la originan. Esto último ha involucrado a México en los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición (Hurtado, 2021), si bien el proceso puede presentar ciertas objeciones por la presencia de dos países ajenos a este continente, que poseen una industria petrolera con intereses involucrados en Venezuela: Noruega y Estados Unidos (Castedo, 2019).

No está demás señalar que las sanciones impuestas por Estados Unidos y apoyadas por algunos de los países del continente se han centrado mayormente en el estrangulamiento del sistema de salud, el mercado de divisas y las inversiones en ciertas áreas estratégicas (HRW, 2019), considerándose como lesivas de los derechos humanos y repudiables por servir como un medio para forzar el cambio de gobierno (Jazairy, 2019).

Las sanciones norteamericanas transgreden todo principio fundamental del Derecho Internacional, siendo el más importante la libre determinación de los pueblos; y, para contrarrestarlas, es imperativo una respuesta conjunta, como bloque suramericano; todo lo cual no será posible con un gobierno como el actual o en los esquemas del Estado demoliberal.


Abstract: After the protests in the city of Iquique regarding the massive migratory waves and the poor management of the central government, the reactions of condemnation to such events have been manifested through the slogans “no person is illegal” and “migrating is a right”, Repeated like mantras, reducing the phenomenon to a mere slogan that, no matter how valid it may seem, doesn't serve anywhere to understand the conflict and even less to solve it. Our purpose is to make a diagnosis of migration based on concrete reality, in order, on the one hand, to demystify the discourses that are hoisted from end to end and, on the other, to propose lines of action for realistic solutions.

Palabras clave: migración, solución conflicto migratorio, realidad migrante, mitos migración en Chile


Notas y referencias (por orden de utilización):

[1] Véase el Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, disponible en: https://www.minvu.gob.cl/catastro-de-campamentos/

[2] Detalles del caso y su cariz jurídico disponibles en Biblioteca Digital del Instituto Nacional de Derechos Humanos: https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/128

[3] Véase en específico: Los sistemas de información sobre migración internacional vigentes en América del Sur. OSUMI. Versión consultada el 29 de septiembre de 2021: https://csmigraciones.org/sites/default/files/2021-01/regional_-_sistemas_de_informacion_america_del_sur.pdf

[4] Síntesis de Resultados “Educación”. Octubre de 2018. Encuesta CASEN 2017. Disponible en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2017/Resultados_educacion_casen_2017.pdf

[5] Cabe recordar que el discurso antiinmigración se construye mayormente a partir de autores europeos, quienes escriben a partir de su realidad cultural y económica.

[6] Anteriormente existió un instrumento similar: “Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Elaborados en 2000, se propusieron ocho objetivos a cumplir para 2015.

[7] Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015. Texto íntegro consultable en: https://undocs.org/es/A/RES/70/1

[8] Decreto Supremo 49. Ministerio de Relaciones Exteriores. Diario Oficial, 24 de mayo de 2016. http://bcn.cl/2nxeb

[9] Documento final A/CONF.231/3 de Conferencia Intergubernamental encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, de 10 y 11 de diciembre de 2018. Texto íntegro consultable en: https://undocs.org/es/A/CONF.231/3

[10] Texto disponible en: https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/oim-dtm-ronda5.pdf?file=1&type=node&id=11835

[11] “Conferencia Regional sobre Migración”. Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. OIM. https://rosanjose.iom.int/site/es/conferencia-regional-sobre-migracion. Consultado el 27 de septiembre de 2021.

[12] Texto Memorándum de Entendimiento disponible en: https://www.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20Finales/memorandum_mexico_firmado.pdf

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Torres, Cristián. (2021, 07 de enero). Desalojaron a decenas de familias venezolanas que dormían en una playa en Chile. Infobae. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/01/07/desalojaron-a-cientos-de-familias-venezolanas-que-vivian-en-una-playa-en-chile/

Meganoticias. (2021, 05 de febrero). Vecinos de Colchane denuncian robos a viviendas en medio de crisis migratoria en la zona. Meganoticias. https://www.meganoticias.cl/nacional/326380-robo-casas-colchane-extranjeros-cgx02.html

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