Tras las protestas en la ciudad de Iquique a propósito de las olas migratorias y la deficiente gestión del gobierno central, las reacciones de condena a tales hechos se han manifestado a través de las consignas “ninguna persona es ilegal” y “migrar es un derecho”, repetidas cuales mantras, reduciendo el fenómeno a un mero lema que, por muy valedero que pueda parecer, no sirve ni de cerca para entender el conflicto ni menos para solucionarlo. Nuestro propósito es efectuar un diagnóstico de la migración fundado en la realidad concreta, para así, por una parte, desmitificar los discursos que se enarbolan de extremo a extremo y, por otra, plantear líneas de acción para soluciones realistas.
Desde su concepción, allá por el 2002, como Pacific Three Closer Economic Partnership (P3-CEP), entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur, sumándose luego -en 2005- Brunéi, dando forma al P4; pasando por la incorporación de Estados Unidos, que amplió su concepción original e incorporó mecanismos evidentemente en pro de sus intereses geopolíticos, hasta su salida en 2017 y la definitiva transformación en el Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), este tratado multilateral de “nuevo tipo” -como veremos- no ha estado exento de controversias, y la reciente indicación de suma urgencia, a quince días del receso legislativo, sólo contribuye a dudar de los propósitos del gobierno de S. Piñera, porque este instrumento internacional es mucho más que un tratado de libre comercio.
Hace un par de días, el Movimiento Social Patriota hizo entrega de una carta al actual presidente de la República, para evitar que éste firmara la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Entre los argumentos expuestos por sus integrantes en un video propagandístico elaborado al efecto, se hace mención a las prioridades que debe tener Chile antes de hacerse cargo de la situación de vulnerabilidad que viven los migrantes día a día, pero, por sobretodo, lo más llamativo, es la tesis que el Estado invertiría recursos de todos los chilenos en atender las necesidades, casi de primera urgencia, de los migrantes y refugiados.
Los conflictos entre Estados Unidos y los nuevos gobiernos del cono sur, los cuales se hallan, además, en problemas con diversos rivales internos, lleva al orden del día el problema de si debe el Estado revolucionario -como será el Estado Nacionalsindicalista- supeditar su política exterior y actividad diplomática a consideraciones ideológicas o de afinidad política, o si debe someterse a las prácticas normales de las relaciones internacionales. En realidad, pensamos que dicho dilema es falso, ya que no nos resulta incompatibles la defensa y promoción de la Revolución Nacionalsindicalista con la defensa de los intereses propios del Estado. Al contrario, ambas exigencias son necesarias y el descuidar una en beneficio de la otra, trae nefastas consecuencias.