La reforma electoral: salvavidas del régimen

El proyecto de ley Boletín 9326-07, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado, pretende -como indica su  título- sustituir el sistema electoral binominal [1] por uno proporcional “inclusivo”, así como “fortalecer la representatitvidad” del Congreso Nacional. En efecto, de convertirse en ley, podría echar por tierra el mecanismo de empate permanente entre las dos coaliciones que se han repartido la torta parlamentaria desde 1990, a la vez que introducen peculiares novedades al régimen de los partidos políticos y presentación de candidaturas, debiendo importarnos en qué medida ello beneficia a la Nación chilena.

jaimitoguzmanLo primero que debemos entender es la lógica detrás de los sistemas electorales proporcionales. Según la doctrina constitucional española, “las fórmulas electorales proporcionales, a diferencia de las mayoritarias, se dirigen a la distribución de los escaños  en proporción al número de votos obtenidos por cada lista de candidatos que presenta cada formación política en la correspondiente contienda electoral” [2], buscando, al menos en principio, favorecer del mejor modo posible a partidos minoritarios, lo que se traduce en el establecimientos de sistemas multipartidistas, opción que en Chile siempre ha sido rechazada por la UDI casi como una cuestión de principios, siempre bajo el pretexto de que ello traería la inestabilidad de los gobiernos, cuando precisamente es el virtual y prolongado empate entre Concertación y Alianza lo que puede generar una crisis de gobernabilidad a largo plazo.

Existen diversos modos de elección proporcional, siendo el escogido por la reforma de Bachelet la llamada “fórmula D'Hondt”, el cual consiste, muy simplificadamente, en que “los votos obtenidos por cada lista dentro de una misma circunscripción se dividen por 1, 2, 3, etc., hasta completar el número de escaños correspondiente a la misma. Así, si una circunscripción tiene cinco puestos, el número de votos de cada lista se divide por 1, 2, 3, 4 y 5. Posteriormente se ordenan estos resultados de mayor a menor y se van otorgando los escaños a las distintas listas por ese mismo orden, hasta agotar los escaños disponibles”[3].

La fórmula antes descrita es el mecanismo que se pretende introducir mediante un nuevo artículo 109 bis en la Ley 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, aplicable a las elecciones de diputados y senadores, partiendo del supuesto general de que cada lista está conformada por un sólo partido político, puesto que, para el caso de listas formadas por varios partidos o partidos sumados a independientes, se les aplicará el mismo sistema, pero restringido a su propio universo: se divide el total de votos de cada candidatura independiente o partidaria de la lista y los resultados se ordenan según el criterio señalado, saliendo beneficiados las candidaturas que alcancen a cubrir los escaños previamente asignados al pacto respectivo.

Para los efectos de aplicar este nuevo sistema, se cambia el sistema de distritos vigente desde el año 1989. Respecto a los diputados, el nuevo artículo 179, se pretende establecer 28 distritos que elegirán un número variable de diputado, sumando un total de 155 escaños, al parecer de acuerdo a criterios demográficos pues claramente las zonas metropolitanas aparecen beneficiadas en relación con las regiones extremas, pero el nuevo artículo 179 bis faculta al Consejo Directivo del Servicio Electoral (SERVEL) para ir actualizando cada 10 años la asignación del total de escaños entre los distritos, sin que pueda cada uno elegir menos de 3 ni más de 9 diputados. El artículo 180 reformado, por su parte, fija en 50 el número de senadores y en 15 las circunscripciones senatoriales, las cuales también elegirán un número variable de parlamentarios -primando nuevamente las zonas más habitadas del territorio-, pero sin la posibilidad de actualizar la distribución de escaños por el SERVEL.     

Además debe destacarse un nuevo precepto incorporado al artículo 3° bis -relativo a los pactos electorales- según el cual de la totalidad de candidaturas a parlamentarios declaradas por los partidos políticos, ni los candidatos hombres ni mujeres podrán exceder el 60% del total, prohibición cuyo incumplimiento acarrearía como sanción el rechazo de todas las candidaturas presentadas por el partido infractor.  

El proyecto introduce otras modificaciones la Ley N° 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, siendo importante a nuestro juicio la modificación al artículo 42, número 2, estableciendo como causal de disolución de un partido el no alcanzar en la región o regiones en que esté legalmente constituido el 2,5% de los votos válidamente emitidos en la elección de diputados, siendo un umbral más generoso que el 5% actualmente vigente, e incluso dicha sanción no se aplicaría si el partido en cuestión obtuviera al menos dos parlamentarios, sean diputados o senadores.

De los cambios propuestos nos interesa destacar sólo algunos aspectos:

1.- Es una reforma que sólo mira a los partidos y no a la comunidad: el sistema proporcional, como se explica en la teoría constitucional, no tiene como finalidad garantizar a los ciudadanos organizados una participación y control efectivo sobre los representantes, sino el convertir los porcentajes de opiniones político-partidistas de la masa electoral en escaños. Como se parte del supuesto ideológico de la voluntad soberana única, que sólo conoce el pluralismo partidista, no tiene sentido representar la realidad social, cultural y territorial de la nación, pero se trata de una regla que el progresismo tiende a violar cuando le viene en gana, como veremos más adelante.

Además debe notarse lo siguiente: la adopción de la fórmula electoral proporcional, así como la disminución de la votación mínima para disolver un partido político, son mecanismos que efectivamente podrían dar mayores escaños a partidos que actualmente quedarían fuera del Congreso si no pactan dentro de los bloques mayoritarios. Si bien puede verse en ello una opción válida para que se rompa el aburrido bipartidismo práctico que nos ha regido desde 1990 y se abra el acceso a movimientos alternativos, regionales o a los independientes, no podemos dejar de notar en todo esto una maniobra de la oligarquía chilena para oxigenar artificialmente el sistema político, a sacrificar una parte del poder reservado al “duopolio” para salvar al régimen.

2.- Se pierde el sentido del bicameralismo: en las democracias liberales, la razón de una “Cámara Alta”, una vez perdido su carácter de asamblea nobiliaria o aristocrática, ha sido generalmente la de dar una representación uniforme a las entidades territoriales, con independencia de su cantidad de habitantes, sobre todo en los Estados Federales o Autonómicos. Se podrá decir que ello no tiene mayor relevancia en Chile dado que no tenemos estructuras de tipo federal, pero precisamente por esa razón que es necesario potenciar el rol político de las regiones, como una forma de promover el desarrollo integral del territorio y compensar la falta de autonomía en las decisiones que les afectan.

El problema es que desde la reforma constitucional de 1989, las circunscripciones senatoriales intentaron dar sobre-representación a las regiones más pobladas, y el proyecto de ley no hace más que acrecentar esta tendencia. Consecuencia de ello es, en primer lugar, que se hace cada más difícil encontrar una justificación de un sistema bicameral, como no sea la necesidad de una “moderación” en la discusión legislativa, argumento que posee escaso fundamento en la realidad observamos que los senadores de hoy no son más que los diputados de ayer, con las mismas carencias personales y defendiendo exactamente los mismos intereses.

En segundo lugar, y lo más grave en nuestra opinión, es que las regiones alejadas del centro son minusvaloradas nuevamente en su participación política, puesto que importan poco como números de votos, criterio decisivo para los fanáticos del liberalismo.

3.- La “política de cuotas” como trampa de la reforma: antes señalamos que la primacía del pluralismo ideológico como único posible en la mentalidad liberal estaba abierto a límites, y uno de ellos ya está siendo introducido en el régimen político a través de las llamadas acciones afirmativas, en este caso, de género, bajo el pretexto repetido hasta la náusea de que la participación política femenina sólo es posible con subvenciones legales. Ya sabemos lo que viene: cuotas de raza o de orientación sexual, volviéndose humo afirmaciones comunes del progresismo sobre la igualdad y libertad humana, pues si todos son igualmente capaces ¿Por qué darles favores a un grupo? Y si somos libres ¿Por qué limitan mi capacidad de elegir representantes de antemano?

¿Y por qué decimos que este aspecto de la reforma es una trampa? Porque el número de militantes de los partidos más pequeños no siempre podrá aportar las proporciones de género que la reforma exige para la presentación de candidaturas, con lo que sus posibilidades de competir con los partidos mayoritarios, alimentados con más afiliados y los famosos “independientes del cupo”, pueden disminuir seriamente. Y aún cuando pudieran cubrir tal requisito, la necesidad de cumplirlo obligará a partidos grandes y chicos por igual a prescindir de las calidades morales o intelectuales de los candidatos, para sólo atender a la cuota, degradando el trabajo parlamentario más aún de lo actual, situación que podría agravarse más aún si se incorporan otros criterios como los señalados en el párrafo anterior.

4.- Una última observación sobre el aumento del número de parlamentarios, por lo que la UDI ha hecho tanto revuelo. En el esquema liberal, donde lo “parlamentario” se convierte en profesión de tiempo completo y en alimento para amigos y parientes, claramente es un desperdicio de fondos para el Estado, pero ello no tendría que ser un problema en un régimen nacionalsindicalista, en el cual el trabajo de las asambleas representativas se concentra en las grandes decisiones legislativas y los delegados son remunerados por su trabajo efectivo, debiendo el resto del año desempeñarse en sus empleos habituales.

En suma, es un proyecto que viene a eliminar la farsa permanente del binominal, y puede abrir ciertas brechas en el esquema partidario chileno, pero que no dará participación real, pues no altera la partidocracia y, de hecho, pretende legitimarla ante la protesta social creciente. No nos hacemos ilusiones.


[1] Sistema en el cual se eligen dos parlamentarios por distrito o circunscripción electoral, ganando los 2 escaños la lista que obtiene más del doble de votos de la lista que la sigue y, de no lograrse ese doblaje, cada una de las 2 listas más votadas obtiene un escaño. Se puede leer la crítica nacionalsindicalista de dicho sistema en http://www.mrns.cl/web/index.php/propuestas/subcateg-propuestas-asamblea-const-y-plebiscito/175-sistbinominal

[2] Navas Catillo, Antonia y Navas Castillo, Florentina, El Estado Constitucional, Barcelona, Dykinson, 2009, p.  480

[3] Santolalla López, Fernando, Derecho Constitucional, Madrid, Dykinson, 2004, p. 281.

larevolucioncortazarr

300px usura

SFbBox by smart happy birthday wishes

Sobre nosotros

aspas200x184El Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS) es la organización política que lucha por el establecimiento de un nuevo Estado y la forja de una nueva cultura en Chile e Iberoamerica toda, basados en la unidad y justicia; con miras a posibilitar la realización de toda persona, mediante el desarrollo y ejecución de un proyecto de nación.

Enlaces de interés

Biblioteca Nacional - Sitio web de la Biblioteca Nacional [de Chile]

Memoria Chilena - Sitio web de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) dedicado a nuestra cultura. Abundante material histórico disponible en versiones digitales.

Cinismo Ilustrado - El espíritu de los cínicos. Ilustraciones, diseños, textos y demás materiales del mexicano Eduardo Salles.

Buscador

Haz tu donación

Licencia

licencia

© 2018 MRNS. Algunos derechos reservados. Diseño de JoomShaper, editado por MRNS.

Buscar