¡Salvemos a la gran madre!

Una entrevista de tantas, una pregunta insoslayable en su contexto, un silencio incómodo y eso fue suficiente. El silencio se interpretó como un dato fugaz en un comentario, marginal quizá y las redes sociales lo convirtieron en un canto de esperanza: los trascendidos sobre la renuncia de Bachelet a la Presidencia de la República como resultado, en general, de la corrupción empresario-política y, en particular, por su supuesto aval en el caso Caval, hizo que para muchos sin demasiada reflexión fuese naturalmente la gran solución a la crisis político-institucional del tiempo presente. Un largo silencio del Ejecutivo en pleno terminó por alimentar la expectativa.

No nos inquietó la circulación de dicha información -Mosciatti y otros nos debían la fuente en caso de que fuese verídico el intento; no inquietó porque nos parezca grave su posible ocurrencia, sino por el hecho presumible que se trate de una acción -entre otras- propiciatoria para un barrido bajo la alfombra.

En la política real o se provoca la situación que nos favorezca o se aprovecha la que se nos ofrezca inadvertidamente; así la infidencia sobre una posible renuncia podría servir para una operación psicopolítica de ablandamiento de una conciencia ciudadana que había tardado demasiado en indignarse -idiosincrasia chilena al fin de cuentas- con el engaño de la democracia representativa. Hábilmente manejado sería un retardante para descomprimir las actuales presiones y llegar vivo al 11 de Junio, a la próxima instancia de ilusión colectiva.

Si de un chantaje emotivo se tratase, no es algo demasiado novedoso, aunque podría ser efectivo. En los pasillos subterráneos de la política criolla se cuenta que, décadas atrás, el presidente Frei Montalva enarboló parecida amenaza y logró que sus correligionarios -en un ambiente de desintegración del partido gobernante que era mayoría- se ordenaran hasta poder concluir con decoro su mandato legal. En efecto, sucede que en Chile, los presidentes de la República o mueren en el ejercicio de su cargo o entregan la banda en una solemne ceremonia para gran beneplácito y complacencia de la transversal clase política. Renuncias por baja popularidad no se registran hasta la fecha y por corrupción, para lo cual hemos tenido importantes candidatos recientes, ninguno ha tenido la decencia de hacerlo.

Ahora bien, que nuestra república se encuentra en una encrucijada difícil es casi de universal reconocimiento, bien que los que importan -los que crearon el problema- tienen la mala tendencia de automedicarse y no admitir opinión en contrario. Resumiendo brevemente estos problemas son:

¿Cómo manejar el descrédito de las instituciones fundamentales del Estado? ¿Qué hacer con un gobierno que camina vacilante en su reformismo obtuso? ¿Cómo solucionar el problema Bachelet? Preguntas que inquietan a toda la clase política; muy particularmente a la auto proclamada Nueva Mayoría en estos días en que la Fiscalía aún se muestra activa y en espera de la constatación de nuevos delitos, puesto que para el ciudadano común es -erróneamente- el Ejecutivo el cuerpo administrativo que se está desmoronando.

Que las instituciones fundamentales de la república muestran deficiencias en su funcionamiento es hecho cierto y reconocido desde hace tiempo, mas nunca solucionado por quienes debían preocuparse de su salud y eficacia. En vez de ello, los concertacionistas se han dedicado a incrementar el aparato administrativo creando una parálisis en su tradicional forma de accionar con sinnúmeros y bien remunerados asesores, comisionados y coordinadores, que en la mayoría de los casos se comportan como los titulares de los cargos. Es obvio que un reordenamiento se hace muy necesario, so pena de transformarnos en un país de funcionarios y prestadores de servicios.

A lo del gobierno con la ejecución de su proyecto muy comprometido, la solución -dicen- es mover en acción de salvataje a los viejos cuadros políticos que le dieron estabilidad y brillo a la democracia renacida; los que hoy están relegados por el accionar de los miembros del fallido recambio generacional. Chile necesita “un gobierno político” se escucha muchas veces reiterado, cual si los actuales habitantes de palacio se dedicarán exclusivamente a las fantasías. Huelga decir que tal solución es inviable, esos supuestos expertos fueron -en su tiempo- los que fomentaron y heredaron el deterioro institucional.

Lo de Bachelet es el verdadero quebradero de cabeza. Su marketing la postula como un ser tan especial que el país debe adecuarse a “sus tiempos”, a su particular no-estilo de liderazgo, ese que debemos intentar descubrir día a día para no irrespetarla ni desmerecerla. Sus corifeos -la Politzer como ejemplo- insisten en su excepcionalidad, por lo que debemos darle crédito y salvarle el cargo solo porque es mujer y madre -para algo debe servir el machismo residual de los caballeros de antaño. Mas que toda una nación deba amanecer cada día con la preocupación de informarse del estado de ánimo de la gobernante excede nuestro presidencialismo y, de hecho, nos niega nuestra calidad ciudadana.

Pasando revista solamente a los hechos de sus dos gobiernos, queda de manifiesto que nunca ha sido “mujer de Estado”, y que las fotos sonrientes, los reiterados bonos y el delantal blanco solo han servido para ocultar el funcionamiento de la máquina de la corrupción empresario-partidaria bajo el dulce velo de cierto aire maternal.

El discurso del primer año ya no sirve y su reiteración ahonda lo que más se teme en el gobierno: una gobernante sin credibilidad. Para continuar, el gobierno bacheletista necesita una nueva “épica”, algo más que una transitoria reacción “heroica” frente a una catástrofe de la fuerza ciega de la naturaleza en conjunción con la previsible torpeza humana, como se intentó con su reciente visita al norte. La clase política en su conjunto y el gobierno necesitan de “algo grande” para dictar su propia Patriot Act que aquiete los espíritus indignados y les permita seguir como siempre.

Cualquiera sea la fórmula que consensúen no comportará una solución real a los problemas urgentes de Chile ni tampoco ha de asegurar Justicia y participación en la comunidad. Será, por cierto, una farsa cuyo resultado previsible es un régimen representativo igual de corruptible que el presente, porque los llamados a instituirlo son los mismos que hoy deben ocultar sus delitos.

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