¿Y qué dicen los petitorios? 2011

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Tuvimos oportunidad de confirmarlo: Las bases, el denominado cuerpo social estudiantil, apenas tomó conocimiento de los petitorios de la FEMES y de la ACES, con suerte, siquiera, tuvo una actitud crítica frente a ellos, y, hoy, las consecuencias de esa omisión son más que evidentes. Veamos.

El Petitorio elaborado por la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios (FEMES) aborda el problema de la educación desde 5 aspectos, cuales son: Fin a la municipalización y al sistema de subvenciones; tarjeta nacional estudiantil; colegios técnicos; infraestructura y rechazo a las reformas educativas.

1. Fin a la municipalización y al sistema de subvenciones.

    a. Administración financiera y requerimientos mínimos educativos para la existencia de colegios por responsabilidad del estado. Tareas de fiscalización económica desde la contraloría y directrices... generales desde el ministerio de educación.

Ésta es una vieja consigna que aún hoy es repetida por los estudiantes sin asumir éstos las implicancias de la denominada “desmunicipalización”.

¿Qué significa que existan colegios “por responsabilidad del Estado”? Desde el Gobierno Central fácilmente podrían decir que, actualmente, el Estado “es responsable de la Educación”, a través del pago de subvenciones a los sostenedores.

Por otro, ¿quién asegura que la Educación en manos del Estado sea mejor que lo que existe hoy? El problema radica, básicamente, en el control, la administración y la gestión en los centros educativos.

Si hacemos un paralelo entre la administración municipal y la estatal podemos afirmar:

MUNICIPIO

¿ESTADO?
El municipio es el órgano más cercano a la comunidad, permitiendo una descentralización con fuerte presencia de los ciudadanos que lo conforman. El Estado siempre se encontrará “lejos” de la comunidad e intentará acercarse a través de ramificaciones que sólo obstaculizan la labor de los Cuerpos Sociales[1].

La elección democrática de las autoridades (alcalde, concejales) permite un control efectivo por parte de la comunidad.

Las autoridades y funcionarios son desconocidos; no hay control más que el “buzón de reclamos” -si es que existe-, las OIRS que están sólo en algunas dependencias, etc.

La organización municipal, como ente descentralizado, permite enfrentar de mejor forma las particularidades que existen a lo largo de nuestro territorio.

Los criterios para el Estado son uniformes, con escasa posibilidad de adaptabilidad o flexibilidad para los planes y programas de educación.

Entre paréntesis: Mención aparte es señalar que los municipios forman parte del Estado como órganos descentralizados del mismo. Pero claro, esto sólo lo saben los entendidos en el tema[2].

Esta consigna, como dijimos, resulta poco clara y más bien responde a una cuestión ideológica que concreta. Hemos dicho, y lo volveremos a decir, que para afrontar los problemas que aquejan a nuestra comunidad, es necesario partir de la realidad concreta y plantear desde ella vías para resolver estos problemas.

[¿Y si cambiamos el Municipio?] Junto a éste número, en nuestras anteriores ediciones de este año, hemos tratado cómo organizar y cómo funcionaría un nuevo municipio.

El municipio actual es el botín de los Partidos Políticos que hacen y deshacen a su antojo sin el control efectivo por parte de la ciudadanía.

En el contexto de los planteamientos, proponemos que una mejora de la educación habrá de resultar con la constitución de un nuevo municipio: Que en él exista una oficina, departamento u organismo técnico y especializado en educación, que tenga a su cargo la infraestructura y recursos en general destinados a los colegios y liceos de la comuna; aplique la normativa general, proponga al Concejo Municipal y/o Asamblea normativas particulares o especiales conforme la realidad propia de cada comunidad; custodie registros, archivos y mantenga una red informática y de redes eficiente para el manejo de datos, sin perjuicio de los respaldos que el Ministerio, como órgano fiscalizador, puede poseer; trabaje en coordinación con la Universidad -primero- y el Ministerio -después- en el aspecto técnico-pedagógico, ya en cuestiones como evaluaciones, exámenes, planes y programas transversales.

[¿Y si constituimos un Consejo Escolar fuerte?] La fiscalización estará, primeramente, en manos de la propia comunidad educativa a través de su CONSEJO ESCOLAR, el cual debe tener, a lo menos, poder decisorio sobre ciertas materias relacionadas, por ejemplo, con la convivencia escolar y con el llamado “Proyecto Educativo Institucional”. ¿Por qué no, también, sobre el uso o destinación de los dineros aportados por el Municipio?

Al Consejo Escolar debe sumarse la acción de la propia “Oficina Municipal de Educación”, “Departamento” u “Agencia”- el nombre es irrelevante por ahora- institución que debe poseer una UNIDAD DE FISCALIZACIÓN.

La ley que verse sobre la materia debe facultar A CUALQUIER PERSONA para denunciar hechos que sean irregulares. Algo así como una “acción popular” que conocen los versados en Derecho Penal.

[¿Y si exigimos mayor poder para fiscalizar y sancionar?] La Contraloría General de la República también debe estar facultada -y tener el deber, por cierto- de ejercer el CONTROL SOBRE LA CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, sin perjuicio de revisar y fiscalizar a los propios funcionarios de la Administración (Municipio)

[¿Y si exigimos un mayor control sobre el sistema de subvenciones?] Sobre este punto, y adelantándonos un tanto, EL PAGO DE LAS SUBVENCIONES, CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA, DEBE CONCENTRARSE EN UN FONDO EXCLUSIVO, sin que el Alcalde, en concomitancia con el Concejo Municipal, puedan destinar esos fondos a fines distintos de la Educación. No puede ser que los dineros de la subvención sean empleados para apalear gastos de la salud municipal o en asfaltar calles con “eventos”.

Por último, el Ministerio de Educación, a través de las SUBSECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES, deberá ejercer un control permanente y aleatorio sobre todo el sistema, con énfasis en aquellas actividades que, por lo general, tienden a ser más “conflictiva$”.

Los Tribunales Ordinarios, ya los JUZGADOS DE GARANTÍA o las CORTES DE APELACIONES, en el ámbito de su competencia, deberán estar facultados para actuar de oficio. Ya el Ministerio Público, en sede penal, como la Fiscalía Judicial ante la interposición de recursos o acciones de protección. De hecho, bien que los Honorables DEBIERAN regular de mejor manera este importante mecanismo que la actual Constitución establece en caso de existir una privación, perturbación o amenaza contra un derecho establecido en ella.-

[¿Y si pensamos universalmente y actuamos localmente?] Recién hemos abordado una letra del petitorio y, en nuestro planteamiento, hemos señalado -se infiere- que la educación no es “algo aislado”. En ella intervienen, en mayor o menor medida, buena parte de la comunidad nacional. No hacerse cargo, es ser cómplice de la actual situación.

    b. Toda administración no financiera de los colegios quedará a cargo de las comunidades escolares y los aparatos estatales ya existentes. La fiscalización del funcionamiento de la administración será realizado por las comunidades escolares para que cumplan con los requerimientos mínimos legales, desde las SEREMIs de educación y de éstas, desde las intendencias. *Definir a través de votación si lo anterior se aplica a los colegios particulares subvencionados y particulares pagados.

[¿Y si trabajamos en serio?] En esta letra del petitorio, quien lo haya redactado se enfrascó en una triste jugarreta de burocracia. Se mencionan las comunidades escolares pero nada se dice sobre los consejos escolares, instancias de participación que hoy existen, al menos, en la ley[3].

La trampa está en que el petitorio afirma que la administración será fiscalizada por las comunidades escolares pero omite referirse al mecanismo que, como hemos dicho, es el Consejo Escolar; luego agrega que “desde las SEREMis de educación y de éstas, desde las intendencias”. ¿…?

Sobre la fiscalización ya nos referimos en la columna anterior, por lo que profundizar en el tema es cuestión que dejaremos para un trabajo posterior.-

2. Tarjeta nacional Estudiantil.

    a. Tarifa igual para todos los estudiantes de chile y en todos los recorridos de transporte público, del primero de enero al 31 de diciembre.

    b. Gratis para todos los estudiantes secundarios, según lo estipulado en la convención internacional de los derechos el niño, la constitución de la república de Chile y la Ley General de Educación.

[¿Y si exigimos un cambio en el sistema de transportes?] Este es un “tema delicado” y que viene de antaño, pues antes de que el antiguo “pase escolar” se llamara “Tarjeta Nacional Estudiantil” y fuese otorgado por el Ministerio de Educación, era el Gremio de los Transportistas el que emitía este instrumento para que los usuarios del sistema pudieran pagar una tarifa rebajada.

Hoy, el sistema de transportes cambió y la tendencia -basta con ir a Valpo o a Conce- es más o menos uniforme: Son los privados, agrupados en grandes y medianas empresas, los que prestan el servicio de transportes que los Bancos -si, los bancos- administran a través del “AFT”, “Administrador Financiero del Tran-santiago”.

Este sistema perverso que sólo trae ganancias para los peces gordos conlleva un enorme gasto para el Fisco; dinero que sacan de nuestro bolsillo, por cierto.

Este tema, pues, excede el de la educación y nos enfrasca en una lucha directa contra los intereses de la banca y los conglomerados del transporte.

¿Es posible que los estudiantes viajemos, sin costo alguno, por todo Chile? Sí, claro. Pero no con el actual sistema de transportes…

[¿Y si vemos más allá de nuestras narices?] Lástima que los estudiantes exijan TNE gratuita y no se atreven a ir más allá. ¿Qué pasa con los Archivos, los Museos y las Bibliotecas? ¿Qué pasa con el impuesto al libro? ¿Qué pasa con el acceso a las bibliotecas y la posibilidad de solicitar libros o material didáctico en cualquier biblioteca o depósito del país? ¿Por qué debemos pagar tanto por la cultura? ¿Por qué no se amplían los fondos para la difusión y realización de actividades culturales? ¿Por qué debemos aceptar, como si nada, que se cierren carreras como danza, teatro o diseño teatral en la Universidad de Chile? ¿Por qué la TNE no funciona como credencial para tener acceso a todas las fuentes de información y conocimiento que hoy existen? Y así sucesivamente… ¿Acaso no son temas importantes para nuestra educación?

3. Colegios técnicos.

    a. Que las prácticas sean evaluadas y supervisadas directamente por el colegio. Los empleadores estarán facultados para hacer observaciones al profesor que evalúa.

    b. Mejores implementos en colegios técnicos, sustentados por el estado.

    c. Pendiente: derecho a sindicalización y a sueldo regular o apoyo monetario equivalente al 60% del salario normal.

El tema de los liceos técnicos, comerciales e industriales se relaciona inmediata-mente con dos áreas que, en nuestra comunidad, representan fielmente las grandes diferencias sociales que existen: El trabajo y la economía.

Las prácticas profesionales deben ser reguladas en un estatuto especial y deben relacionarse con el gremio o corporación productiva que corresponda. 

[¿Y si exigimos un Estatuto Social de la Empresa?] Nuevamente,nos encontramos con un tópico que supera la educación. Otra evidencia de que ésta no es un “tema aislado” y que debemos ver de manera universal -u orgánica- las cosas.

4. Infraestructura.

    a. Que se presente un proyecto de reconstrucción con los fondos suficientes para la realización de esta. Adecuación de todos los colegios que no cumplan con los estándares de construcción estipulados en la ley.

Es muy positivo que se trate el tema de la infraestructura. Antiguamente existía una empresa fiscal que se dedicaba exclu-sivamente a la construcción de liceos y colegios. Por eso existen en Santiago, por ejemplo, liceos cuya arquitectura, dimensiones y distribución de las salas es muy parecida.

Hoy, en cambio, en el sector norte y sur de Santiago, nos encontramos con galpones -antiguas industrias- que fueron acondicionados para salas de clases. Las salas son pequeñas y entre tanto alumno por sala es inevitable dormirse. Esto pasa, incluso, en el “emblemático” Liceo Carmela Carvajal de Prat, de Providencia, que tiene graves problemas de hacinamiento, en un espacio que no es capaz de recibir a más de 1800 alumnas.

5. Rechazo a las reformas educativas.

a.    Rechazo a la LGE por consolidar el sistema de competencia entre colegios, permitir que no-docentes ejerzan la docencia; y a la ley de aseguramiento de la calidad y la superintendencia de educación por apoyar el sistema de competencia en la enseñanza.

¿Se habrá fijado, lector, que en el número 2, la FEMES se apoya en la LGE para exigir la gratuidad de la TNE, pero que en este punto (5) la rechaza? Estas contradicciones hacen manifiesta la poca consistencia del petitorio que hemos desmenuzado…

[¿Y si trabajamos con profesores, padres, directores y sostenedores?] El problema de la educación abarca muchos otros aspectos de la vida cotidiana, y enfrentarlos entraña una discusión nacional; mas, para llegar a este nivel, es necesario comenzar por la realidad concreta cercana. Cada liceo, colegio o comunidad educativa es una realidad rica en experiencias. Partamos por casa y luego conquistemos el Estado de Comunidad Nacional.

Esta es la propuesta y tarea del Nacionalsindicalismo Revolucionario.


[1] Basta con saber que el Ministerio trabaja en Secretarías Regionales Ministeriales y éstas en Departamentos Provinciales de Educación. Existen también otros órganos, como Consejos y la nonata Superintendencia de Educación.

[2]Por cierto, ¿qué Estado? ¿El liberal? ¿El socialista? ¿O uno distinto a ambos, como el Estado de Comunidad Nacional?

[3] Véase la Ley Nº 19.979 y el Decreto Nº 24, de Educación, de fecha 11 de marzo de 2005.

AD logo Artículo publicado originalmente en la revista Acción Directa Nº 24, junio 2011.