Funciones y servicios municipales: la polémica

En principio, nada habría que objetar a la lo señalado por la actual Constitución Política de la República en cuanto señala que la finalidad de las municipalidades es “satisfacer las necesidades de la comunidad local”, aunque su actual configuración, desligada de la vecindad, no nos representa. Aún así, es necesario precisar qué necesidades son aquellas que pueden y deben ser satisfechas por el órgano político local, puesto que existen materias que siempre escaparan a su competencia, sea por razones materiales o porque deben ser reservadas a potestades de un ámbito territorial mayor.

 Para ello debemos partir de la esencia del municipio. Conforme nuestro ideario, se trata del territorio donde se organizan las familias y, a la vez, de esa misma organización suprafamiliar. Por su parte, es función natural de la familia la crianza y educación elemental de los hijos, es decir, la formación inicial de cada generación. 

Así, podemos concluir que el municipio tiene por primerísima finalidad organizar una sana convivencia entre las personas y grupos que habitan y trabajan dentro de un espacio común, esto es, la ordenación, conservación y seguridad del territorio, así como proveer aquellos servicios básicos que complementen las funciones de las familias; servicios de educación y salud elementales, más vivienda y otros que pueden añadirse, pero se trata aquí de señalar funciones esenciales e irrenunciables de tales instituciones.

En cuanto a la gestión del espacio público, no parece haber mayor discusión en cuanto a que es una “competencia tradicional” del poder local, como el llamado “aseo y ornato” y la aplicación de normas urbanísticas y de transito; pero la cosa no es tan clara cuando se trata de la ordenación del territorio, materia en que las atribuciones municipales -por no hablar de la participación de la comunidad-  son letra muerta frente al fuerte poder del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Agricultura y los entes regionales.

Ya hemos dicho en otros artículos que debe mejorarse la calidad del personal asesor de los municipios, pero es posible que la planificación urbana y del desarrollo local requiera la coordinación de dos o más comunas, o la creación de municipios más grandes, cuyo sólo tamaño les garantice mayor peso a la hora de determinar el crecimiento urbano de toda una región o una basta extensión de territorio.

Relacionado con lo anterior está la capacidad municipal de ejecutar obras públicas de interés local. Actualmente, es un tema de competencias diversas entre el Ministerio de Obras Públicas y sus respectivas Direcciones, los Servicios de Vivienda y Urbanismo, y los municipios, entre otras entidades.

Consideramos que todo gobierno local debe tener las potestades y recursos para encargar infraestructura como edificios administrativos, recintos deportivos, parques, pequeñas escuelas, etc., puesto que todo ello tiene por finalidad ofrecer a los vecinos un entorno de vida y trabajo conforme a su dignidad humana.

¿Y la seguridad ciudadana? No es sostenible la creación de “policías municipales” al estilo yanqui, pues creemos que la organización armada de la Comunidad debe ser -como la moneda- patrimonio del poder central del Estado de Comunidad Nacional. Pero no puede negarse a la potestad municipal el derecho y el deber de organizar a los vecinos para su legítima defensa social, y ello pasa por la integración necesaria de las juntas de vecinos para tareas de vigilancia y promoción de actividades deportivas, culturales, etc., que recuperen, para las familias, los espacios comunitarios. Ello nos entronca nuevamente con las atribuciones de las juntas de vecinos y las llamadas “organizaciones funcionales”.

Ahora nos toca enfrentar un tema de permanente polémica: ¿Los servicios de salud y educación pueden ser prestados por los municipios o deben transferirse a órganos centralizados?

Resulta necesario precisar cuál es el rol del mando central del Estado en tales materias: Estimamos que las instituciones de ámbito nacional tienen una misión planificadora y directriz, es decir, les corresponde establecer los objetivos generales de los sistemas de educación y de salud -entre otros- en lo que respecta a resultados esperados, calidad, acceso justo de la población y régimen de los trabajadores del sector; mientras que la gestión directa de los servicios y quienes la ejercen, debe ser cercana a las personas atendidas de tal modo que conozcan sus necesidades auténticas y el proceso pueda ser objeto de un control, sobre todo financiero.

Si hablamos, por ejemplo, de “democratizar la educación”, nada mejor que una instancia de participación directa, que claramente NO ES el municipio burocratizado y nepotista que tenemos ahora.

Ante las diversas falencias que han experimentado los servicios públicos de administración local, nuestra opinión es que se trata de un problema de recursos insuficientes a disposición de las comunas, así como de la entrega de algunas instituciones que escapan completamente a sus capacidades, aún con recursos, ya que su dirección exige una preparación o perspectiva más amplia, como puede ser el caso de algunos centros académicos o culturales de excelencia. Pero consultorios básicos, centros de rehabilitación de drogas o adicciones, jardines infantiles y escuelas básicas, son entidades cuya administración no reviste mayor complejidad técnica ni un presupuesto excesivo.

Fuera de las funciones ya señaladas, hay otras que, en el Derecho Administrativo, se denominan “de fomento”, encaminadas a promover determinadas actividades o intereses productivos, culturales, turísticos, etc., en los que no se prestan servicios propiamente tales, sino que se apoyan las iniciativas de personas y cuerpos sociales que contribuyen al desarrollo, ejerciendo una verdadera función subsidiaria, y no la distorsión que nos ofrece el neoliberalismo chileno. Sobre estas, no las consideramos de la esencia del Gobierno Local, pero claramente es parte de los fueros locales, y su determinación quedará sujeta a lo que acuerden los delegados de la comunidad, sin mermar los recursos que deben destinarse a las funciones principales, como salud y educación.-

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