Nuevo municipio: el alcalde.

El vergonzoso espectáculo dado por los concejales de la Comuna de La Florida respecto a la elección de nuevo alcalde es otra muestra -si todavía faltaran- de la frivolidad y egoísmo de la casta partidista nacional, pero también deja en evidencia las fallas institucionales del sistema municipal, útil para la rapiña de los operadores políticos, caudillos locales y los aprovechadores de siempre, pero ajeno a las necesidades urgentes de las comunidades que supuestamente representan.

Ciertamente es un problema que, ante la incapacidad permanente del alcalde en funciones, la comunidad no tenga nada que decir sobre su sucesión, en un burdo ejemplo de despotismo ilustrado, sobre todo si ello se presta para “negociados” y “arreglines”.

Pero el asunto es de mayor amplitud, pues tiene que ver con la concepción que tenemos que la gestión municipal. Ha dominado en Chile la idea del municipio como un mero apéndice de la administración central, más o menos autónomo; y si antes fue un patrimonio de cada gobierno, ahora es un bien colectivo de la clase política que se asigna cargos ratificados electoralmente, aunque en varias comunas deben pactar la repartija con las mafias de la zona.

Advertimos que el problema institucional de los alcaldes tiene que ver, esencialmente, con las amplias atribuciones que les confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Según el artículo 63 de dicho cuerpo normativo, están facultados, sin requerir acuerdo del Concejo, para otorgar permisos, administrar finanzas internas, bienes municipales y los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna; dictar resoluciones de alcance general o particular, convocar y presidir, con derecho a voto, el Concejo, entre otras.

El órgano representativo, esto es, el Concejo Municipal, es requerido para aprobar el plan de desarrollo comunal, el plan regulador, enajenar bienes inmuebles, celebrar convenios, otorgar concesiones, y algunas más de importancia, pero el ejercicio del control se dificulta por la poca representatividad de los concejales respecto a los vecinos y a las escasas asesorías de que disponen, lo que conduce a que los jefes edilicios terminen controlando casi todos los resortes del poder municipal.

Por eso es tan importante en Chile “ser amigo del alcalde”, estructurándose en torno al municipio verdaderas redes de influencia y corrupción, incentivando perversamente los fenómenos de caudillismo local, en vez de promover dirigentes y administradores locales responsables y honestos.

Para salir del problema, es necesario preguntarnos: ¿Cómo entendemos la esencia de la función alcaldicia?

Pensamos que el alcalde debe ser el jefe o coordinador de la administración municipal, y el representante de la comunidad local ante los órganos superiores del Estado, por lo que sus poderes deben estar concebidos en atención a dicha finalidad.

La idea central es concebir un Gobierno Comunal que ejecute las decisiones de los representantes vecinales y pueda tomar decisiones de emergencia.

I. Elección y reemplazo en manos de la Comunidad. Conviene que el alcalde sea elegido por votación popular, aunque, si sus atribuciones son moderadas o reducidas a lo necesario, no es imprescindible. En caso de vacancia del cargo, rechazamos el reemplazo cupular y proponemos una reelección mediante una asamblea amplia de delegados vecinales, sin perjuicio de que un grupo de residentes pueda exigir una elección anticipada.

II. Candidaturas promovidas por la Comunidad. Las candidaturas deben ser promovidas por las organizaciones comunitarias o grupos de electores, no por partidos, sin perjuicio de la militancia individual de los candidatos.

III. Un Concejo o Asamblea Comunal más fuerte. El Alcalde puede y debe tener derecho a convocar al Concejo o Asamblea Comunal, pero no debe presidirlo ni tener voto en el mismo. Los concejales deben elegir su Presidente y establecer sus normas con autonomía reglamentarias dentro del marco de la ley.

IV. Alcalde con atribuciones claras y precisas. El Alcalde debe ejecutar las ordenanzas comunales y el presupuesto, y poner en marcha el plan de desarrollo. Sus atribuciones normativas, por tanto, deben reducirse a lo necesario. Como es, ante todo, un gestor, si desea llevar a cabo un proyecto político para la comuna, deberá someterlo a la aprobación de los delegados vecinales.

V. Administración sujeta al control del Concejo Municipal. El aparato administrativo municipal depende jerárquicamente del Alcalde, quien debe dirigir las labores generales de las diversas unidades, las cuales, sin embargo, deben rendir cuentas periódicas al Concejo de su gestión.

VI. Mayores mecanismos de control. La administración de bienes y el otorgamiento de permisos deben estar sometidos al más severo control por parte del Concejo, de las organizaciones vecinales y de los entes superiores de fiscalización, pues a través de estos actos, a veces rutinarios, se generan las redes de corrupción y clientelismo.

VII. Juicio a la gestión y administración. El “juicio de residencia” al final del periodo es una exigencia ineludible. Ello debe abarcar no solamente los asuntos financieros o patrimoniales, sino una evaluación política, de mérito, de los programas ejecutados, lo cual, si bien, no puede implicar, consecuencias penales, sería una luz orientadora para los vecinos frente a una elección posterior.

Estas bases para un futuro estatuto de los alcaldes no son comprensibles en su totalidad sino en armonía con la integración de las juntas vecinales y otras organizaciones comunales dentro de la estructura política a través del Concejo o Asamblea de delegados vecinales.

Mas, las propuestas antes señaladas constituyen un punto de partida indispensable para obtener una gestión municipal participativa y eficiente y eficaz a la vez.

Como señalamos antes, el gobierno comunal no se reduce al alcalde, pues debe incluir una organización administrativa, cuya bases generales analizaremos en una próxima entrega.-

AD logo Artículo publicado originalmente en la revista Acción Directa Nº 22, abril 2011.

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