Nuevo Municipio: competencias y medios para el desarrollo territorial

Para ordenar políticamente el territorio chileno debemos partir de la base, que es la vida vecinal, el barrio. La vecindad es una realidad social natural inmediata del Hombre. Aún cuando no se encuentre realizando una actividad laboral, la persona se encuentra ligada permanentemente a una localidad determinada, donde desempeña parte importante de su vida, constituye una familia y genera lazos esenciales de la vida comunitaria.

Por lo anterior la calidad de la vida vecinal, del barrio, es esencial para la salud de la Nación como sistema social. Ello exige que la Comunidad Nacional se retroalimente de las necesidades y situaciones concretas de las comunidades locales extendidas a lo largo del territorio, lo que tiene, como consecuencia, que dichas comunidades:

A)   Deben tener los poderes y medios para gestionar sus asuntos propios en armonía con la planificación del desarrollo nacional y,

B)   Que aquellas puedan participar en las decisiones de ese mismo desarrollo en los niveles territoriales superiores.

LA COMUNA Y LAS JUNTAS DE VECINOS

Así podemos hablar, en primer lugar, de una autonomía comunal solidaria -en armonía con otras comunas- siendo las células de la comuna las diversas unidades vecinales que la integran, de acuerdo a criterios poblacionales, económicos, ecológicos, etc. que se verán en su oportunidad conforme las características de cada municipio o unidad territorial.

La Asamblea Comunal es la represen-tación, por un parte de los delegados de las unidades barriales y sus respectivas asambleas de vecinos, quienes promueven a residentes de la zona, no a políticos venidos de afuera, a lo que se añade la representación orgánica de las corpora-ciones económicas y profesionales; tema que analizaremos en otra ocasión.

La Asamblea Comunal reconoce como criterio de representación a las juntas de vecinos, primera unidad democrática del Estado de Comunidad Nacional, que deberán tener las siguientes competencias:

- Representar y defender los intereses de sus miembros y de su territorio;

- Elegir delegados comunales, regionales y nacionales (conforme a la legislación electoral);

 - Aseo y ornato;

 - Establecer servicios de asistencia social;

 - Organizar la construcción de viviendas sociales;

 - Administrar centros de educación y salud primarias;

 - Coordinarse con la fuerza pública en el mantenimiento del orden y seguridad ciudadanas;

 - Promover el empleo, etc.

Las juntas de vecinos deberán tener sus propios estatutos, en base a una ordenación básica que debe contemplar a la asamblea vecinal plenaria como órgano básico y una directiva responsable que se coordine directamente con el municipio respectivo.

Los municipios también deberán darse un estatuto que garantice por sobre todo procedimientos participativos y transparentes para la toma de decisiones colegiadas y para la provisión de cargos administrativos, desterrando el nepotismo y la corruptela partidista.

¿Sobre qué materias debe decidir la comuna?

El plan de desarrollo económico y social, el instrumento de planificación territorial; la dirección y promoción de los servicios comunales de educación, salud y vivienda; y la aplicación de normas legales nacionales como las de tránsito, urbanismo y de construcciones, etc.

Son competencias más de planificación que de gestión directa -porque las juntas vecinales pueden actuar de forma más focalizada- pero que son esenciales para un desarrollo local democrático, por lo que los vecinos deben avocarse con todo a ejercer en su plenitud su derecho a la planificación. 

La municipalidad debe ser más que nada un coordinador democrático de los vecinos en un territorio amplio, no un repartidor de favores.

También consideramos necesario la constitución de gobiernos ciudadanos o metropolitanos, que abarquen a más de una comuna cuando existe un conglomerado urbano de proporciones, como sucede en Santiago, Valparaíso y Concepción.

Lo anterior no se trata de dar un trato preferencial a estas zonas en desmedro de localidades menores, sino de dar un marco participativo amplio para la solución de determinados problemas[1] que terminan siendo decididos por servicios dependientes del poder central y los procesos de consulta comunitaria son meramente formales e inefectivos.

LAS REGIONES

En un nivel superior deben articularse grandes agrupaciones de comunas en el pleno sentido de la expresión que serán las regiones, por lo que la división político-administrativa de Chile deberá realizarse mediante procedimientos que garanticen el consenso de las unidades territoriales que se van integrando, sea a través de la Cámara Social Nacional o de consultas separadas a las comunas, las cuales deberán participar en los estudios económicos y geopolíticos que prepare el Gobierno central a la hora de preparar el proyecto respectivo.

Sobre la existencia de las provincias, consideramos que su existencia sólo tiene sentido como unidad administrativa para efectos del orden público y otras delegaciones del poder central.

Respecto a las competencias de las regiones, debe quedar en claro que no proponemos un sistema federal, al menos como se concibe en naciones como Argentina o en EE.UU., pues el mismo supone soberanías estatales menores subordinados a una soberanía federal y la nota decisiva radica en la existencia de una fuerza de orden público propia y un orden jurídico peculiar, que es desarrollado por tribunales estatales.

En el Estado de Comunidad Nacional la fuerza pública seguirá siendo íntegramente nacional y las Cortes de Apelaciones seguirán dependiendo orgánica y disciplinariamente de la Corte Suprema.

Precisado lo anterior, las competencias principales de las regiones han de ser, a nuestro juicio, la planificación de un desarrollo armónico y solidario entre las comunas que forman parte de ella, en las mismas materias que son atribuciones de aquellas, así como desarrollar los proyectos que superan los recursos municipales, tanto si son acordados en conjunto por las comunidades menores o si son encomendadas por el Gobierno Nacional para su ejecución descentralizada.

En cuanto a la institucionalidad regional, en el centro tenemos a la Asamblea Regional, formada de acuerdo a los mismos criterios que la comunal, esto es, recursivamente, por delegados de las comunas que la integran elegidos también por las juntas vecinales[2], delegados que están allí para representar los intereses y necesidades comunitarios.

Dicha Asamblea deberá constituir un “ejecutivo regional” que podrá ser unipersonal o colegiado, no sujeto a la exclusiva confianza de un superior, puesto que, para el ejercicio de las funciones propias del poder central a nivel territorial se deberá echar mano de la unidad llamada provincia, con lo cual evitamos superposición de competencias.

Ello nos lleva a plantear cuál será el futuro de las actuales Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS) dentro del Estado de Comunidad Nacional. De acuerdo al orden vigente son simples sucursales de los Ministerios de Estado encargadas de poner en práctica la política de gobierno en las diversas áreas, sin que la comunidad regional pueda participar en las mismas, con lo cual la competencia planificadora de los Consejos Regionales se vuelve en gran parte retórica. Proponemos su reemplazo por comités sectoriales integrados por delegados de las corporaciones de nivel regional, asesorados por las respectivas organizaciones técnicas, las cuales no tendrán, en principio, roles decisorios.

LOS MEDIOS FINANCIEROS

Finalmente, unas palabras sobre los recursos para las comunas y regiones.

Al traspasar diversas funciones y servicios a las corporaciones, podrá aumentar considerablemente el fondo nacional para las unidades territoriales, que podrá asimismo distribuirse de una mejor manera, debido a que el gasto podrá focalizarse directamente a través de las juntas de vecinos y gobiernos ciudadanos para la realización de proyectos específicos. 

Además, al estar realmente la comunidades locales representadas en la Cámara Social del Congreso Nacional, los fondos para las comunas y regiones serán acordados dentro de la ley de presupuesto efectivamente por los interesados, con datos en la mano, abiertamente, y con el contrapeso institucional de la Cámara del Trabajo; la cual, representando los intereses econó-micos, tiene conocimiento de la capacidad de las empresas y grupos productores para generar los recursos que serán recaudados, permitiendo que la aprobación de ingresos y gastos sea realista.


[1] Particularmente aquellos derivados del desarrollo urbano y la contaminación.

[2] A diferencia de los CORES (Consejos Regionales) hoy vigentes, que son elegidos por los concejales.

AD logo Artículo publicado originalmente en la revista Acción Directa Nº 9, noviembre 2009.

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