Gratuidad: Cuándo y cómo

En las demandas estudiantiles por la Educación Gratuita y las reacciones de los apologistas neoliberales han primado, en la discusión(?), los deseos confusos y los intereses creados por sobre los argumentos y la coherencia. Si quienes tienen resonancia en los medios no son capaces de articular un discurso responsable y realmente revolucionario, tanto mejor para nosotros que nos consideramos con pleno derecho para trazar el futuro de la Nación, así que entramos a proponer.

Como punto de partida, nunca debemos olvidar que todo servicio ofrecido por el Estado -por muy justificada que esté dicha prestación- tiene un costo, y como el Estado, finalmente, no es otra cosa que la Comunidad Nacional organizada como poder político, todos contribuimos a su sostenimiento, tratándose de una carga pública que debe ser distribuida en justicia de acuerdo a lo que cada uno obtenga de la Comunidad y atendiendo a su capacidad económica actual o futura.

Y debe ser así, puesto que si los miembros de la Nación no se hacen conscientes y co-responsables de la retroalimentación del sistema, los recursos tarde o temprano se agotan.

Nos corresponde, en primer lugar, precisar si procede que servicios tales como Educación, Vivienda o Salud pueden ser otorgados por personas privadas sujetos a las normas del comercio, “con lucro”, como se ha estilado.  A nuestro juicio, si A quiere ofrecer un servicio a B, quien tiene el poder adquisitivo necesario, ello no representa problema alguno siempre que la relación se ajuste a las siguientes condiciones:

1. EXIGENCIAS MÍNIMAS. Que el servicio cumpla los estándares mínimos que el Estado establezca a través de la legislación y políticas de gobierno.

2. NO MÁS “VOUCHERS”. Que el Estado no otorgue subsidios al negocio particular, pues éste debe demostrar su rentabilidad. Lo mismo vale para el supuesto “subsidio a la demanda” o “voucher” que no es sino un maquillaje de lo anterior y peor aún, pues el control estatal disminuye.

3. NO MÁS PRÁCTICAS USURERAS. Que el precio no sea usurero y el consumidor no sea sometido a una situación de endeudamiento prolongado.

Quizás las ideas expuestas resulten inaceptables para quienes pretenden la estatización o gratuidad total. Sin embargo, pensando desde la justicia, la Comunidad Nacional no tiene por qué financiar a quienes si pueden solventar gastos en materia educativa. Y si el legislador ha tolerado la realización de actividades “lucrativas” en rubros que algunos considerarían nocivos –como el tabaco o el cine pornográfico- no se entiende como se podría rechazar la prestación remunerada de un servicio que busca el bien intelectual y espiritual de la persona.

Además, la Revolución nacionalsindicalista trae consigo -y no dejamos de recordarlo- un cambio total en la estructura de la empresa y ello incluye a la educación privada; cambio que se concretará en una escuela o liceo que puede ser iniciado por personas naturales o grupos de docentes o padres, pero los ingresos generados son patrimonio de la comunidad de trabajo educativa y se distribuyen de acuerdo al aporte de cada quien.

Si el Estado, las comunidades sociales o un particular aportan algún capital, se aplicará rígidamente el principio del préstamo sin usura, quedando desterrada para siempre la figura del “sostenedor” parasitario que vive de las rentas que le generan las matriculas sin ejercer trabajo alguno.

Fuera de los casos anteriores, el Esta-do puede y debe proveer de educación gratuita a las personas, pero se trata, a nuestro entender, de una gratuidad relativa, es decir, sujeta a la capacidad en el mediano plazo del educando para poder retribuir de algún modo a la Comunidad aquello que ha recibido.

¿Por qué debe ser así? Porque los recursos comunitarios serán siempre limitados y deben renovarse con el aporte de todos, y una gratuidad absoluta supone que una generación se sacrificaría por la siguiente, pero ésta no haría nada por la subsiguiente. Absurdo.

Pero hay algo más: El estudiante debe hacerse responsable de aquellos bienes que recibe de la Comunidad, para evitar en lo posible las deserciones y los cambios continuos de carrera -tendencia promovida criminalmente por el régimen usurero actual- y ello sólo es posible si contribuye personalmente, de cualquier modo, al financiamiento del sistema.

Poniendo en práctica las ideas anteriores podemos señalar:

4. GRATUIDAD EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA.Tanto la educación básica como media serán siempre gratuitas para el alumno, pues éste no se encuentra, al menos hasta que se consolide laboralmente, en capacidad de solventar los costos de su formación, por lo que este sistema será sostenido por la Nación a través de sus impuestos.

5. EDUCACIÓN SUPERIOR GRATUITA INMEDIATA Y PAGO DIFERIDO POSTERIOR.  La educación superior, en cualquiera de sus formas, habrá de ser de gratuidad inmediata y pago diferido. Es decir, mientras dure su carrera, el estudiante queda eximido del pago, pero una vez que ingrese al mundo laboral, deberá ir abonando, de acuerdo a sus ingresos, una proporción de los costos reales en que la Comunidad ha incurrido (remuneraciones de personal, infra-estructura, materiales de trabajo etc.), sea con dinero o con trabajo, mecanismo que, débilmente, se aplica en ciertas becas de posgrado. 

Existirá una proporción que también será de cargo comunitario, sobre todo aquella relacionada con el fomento a la investigación, extensión y otras labores que no tienen directa relación con las carreras de los alumnos.

Como se ha dicho, el financiamiento de la educación pública corre a cargo de la Nación toda y, en su caso, del propio estudiante. La Banca privada queda fuera de este esquema (en efecto, el Nacionalsindicalismo acaba con el sistema usurero en su totalidad, pero ese es otro tema). El Estado asume el rol de administrador de los recursos, sea en el nivel central como a través de los entes descentralizados regionales y locales.

No debe olvidarse un punto adicional. Este sistema de servicios educacionales no puede desvincularse de una política permanente del Estado en orden a obtener el pleno empleo y la previsión indicativa de las necesidades profesionales y técnicas de la Nación, lo que incidirá en los cupos existentes para todas las instituciones de educación superior. La meta es evitar en todo lo que sea posible la existencia de “cesantes ilustrados”.

Agreguemos finalmente que LA GRATUIDAD SÓLO TIENE RAZÓN DE SER EN LA MEDIA QUE SIRVA COMO INSTRUMENTO PARA REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA, no un fin en sí mismo.

La confusión en los términos del debate actual obedecen en gran parte a que el capitalismo ha inoculado su lógica egoísta incluso en quienes claman por la solidaridad y terminan ofreciendo como alternativa los derechos (o privilegios) sin deberes; lo que se traduce en una Educación estatista dentro de la economía liberal, cuando el cambio revolucionario debe tener siempre UN ENFOQUE SISTÉMICO que coordine a los diversos elementos de la comunidad en un todo coherente, donde ninguna persona capacitada se exima de cumplir sus responsabilidades para la continua renovación de la riqueza nacional; y aquella es la tarea y misión permanente del Nacionalsindicalismo Chileno.

AD logoArtículo publicado originalmente en la revista Acción Directa Nº 28, octubre 2011.

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