Ausencia de poder constituyente

Continuando con lo expuesto por Pardus, toca ahora ocuparnos de otro problema gravísimo a la hora de enfrentar el cambio constitucional: Actualmente no existe en Chile un Poder Constituyente digno de tal nombre. ¿Por qué decimos que en Chile no existe Poder Constituyente?

De acuerdo a Carl Schmitt[2], Poder Constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre el modo y forma de la concreta existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo. De la definición transcrita se pueden realizar las siguientes consideraciones:

Antes que todo, se necesita un sujeto político concreto que constituya potestad (fuerza socialmente reconocida) o autoridad (saber socialmente reconocido). En el entendido que en la actual “democracia” el constituyente es el pueblo o la nación, cabe preguntarse si existe en la Nación Chilena que contenga alguna de esas cualidades en la medida necesaria para adoptar decisiones políticas globales sobre la vida comunitaria.

Lo que hemos visto en los últimos 20 años ha sido sólo la voluntad de los grupos dirigentes de mantener -matices más, matices menos- el orden político y económico vigente.

Los sectores numéricamente mayoritarios de la comunidad, por otra parte, no muestran mucho más que reacciones viscerales y efectistas ante sucesos concretos de la opresión por el poder. De allí a construir una “fuerza o autoridad” capaz de establecer un orden concreto, hay un trecho largo, pero al parecer es un detalle que los cultores de la asamblea constituyente suelen pasar por alto.

A continuación, se exige que esta voluntad ha de ser “política”. En la visión del jurista alemán, “lo político” consiste esencialmente en la capacidad de discernir entre amigos y enemigos, y actuar en consecuencia con ello.

En una precisión menos controversial, podríamos decir que es la capacidad de la unidad política de determinar cuales son sus intereses vitales y tomar posición y desplegar acción respecto a otras entidades y poderes que pueden contraponerse a tales necesidades. La política siempre supondrá conflicto y sólo una obcecación difundida de la mentalidad “progresista” insiste en ello, contra los claros datos de la historia y de la realidad.

Entroncando con el punto anterior, aún en el supuesto de que existiera en la comunidad una fuerza social capaz de imponer cambios, no existe una conciencia política en el sentido que hemos señalado, esto es, una conciencia nacional. Al contrario, se promueve por todas partes la idea de aldea global, de gobierno mundial, etc., todos fenómenos que tienden a disolver la política.

Respecto al contenido de la Constitución, Schmitt lo ha expresado como “la forma y modo de la de la unidad política”. Forma política es la “manera especial de conformación de esa unidad”, cuyo sujeto es siempre el pueblo. Dicha forma surge de la articulación variable de dos principios político-formales: Identidad y representación.

De acuerdo al principio de identidad, se propende a que el pueblo esté presente como “magnitud efectiva” en la gestión del Estado, porque no puede haber Estado sin pueblo. La representación absoluta sería el asambleísmo permanente de toda la nación.

De acuerdo al principio de representación, se parte de que el pueblo no puede estar presente efectivamente en identidad real, y que debe ser representado por personas concretas. La representación total es la monarquía absoluta (aún en formas actuales de caudillaje).

Así, toda Constitución debe determinar:

a) El grado de participación del pueblo en las decisiones políticas de conjunto y en las formas concretas de actividad estatal, y

b) Los órganos y personas que, en caso de no poder intervenir directamente el pueblo, deberán adoptar esas decisiones y ejercer esas formas de actividad.  Sólo así podemos hablar de una forma política y de una forma de gobierno. 

Ahora bien, la penosa realidad chilena evidencia que tampoco existe en los actores políticos claridad conceptual acerca de la forma política y de las formas de actividad estatal que consagra la Constitución de 1980, ni menos acerca de que se desea implantar en su lugar. Por el sector académico, una propuesta medianamente seria e innovadora sería el proyecto semipresidencialista y regionalista de Humberto Nogueira[3], en contraste con la discusión general que se mantiene en el cambio del sistema electoral, el reconocimiento de los pueblos indígenas o la nacionalización de las aguas[4]. No se definen los temas esenciales de la existencia política, sino una suma de compromisos inconexos.

Finalmente, en cuanto a la forma de actividad del Poder Constituyente, el decir “si” o “no” a las cuestiones fundamentales de la existencia política, es algo que el pueblo realiza en la época contemporánea a través de la opinión pública, como sustituto de la aclamación. Schmitt hace una acertada observación al afirmar que: El que no se de a conocer ninguna manifiesta y expresa voluntad, significa precisamente asenti-miento para que subsista la Constitución vigente.

El actual escenario en que no existen fuerza social y política, conciencia de la dinámica política ni menos una noción coherente de la ordenación estatal que se rechaza o se quiere implantar, lleva a constatar la triste realidad que el pueblo chileno ni siquiera asiente de forma pasiva la Constitución vigente, sino que sencillamente no sabe a qué asentir o rechazar. Con tal panorama, pareciera que no hay mucho que hacer.

Hablar entonces de Asambleas Constituyentes resulta bastante poco atinado, ya que no se sabe que se pretende “constituir” y, a la larga, toda la parafernalia de sus promotores no pasaría de ser una cosmética aplicada al sistema actual.

 Y quizás aquella sea la verdadera intención de muchos reformadores de poca monta: Maquillar la democracia liberal/socialista -forma política vigente- con más injertos de diversos tipos, para calmar las ansias de los agentes del mundialismo.

He aquí el panorama. No tiene por qué seguir siendo así.

El paso inicial para salir del atolladero en este tema es definir una forma política, en los términos que hemos expresado anteriormente.

Partiendo del hecho que la democracia directa permanente y completa (identidad absoluta) resulta materialmente imposible, se trata de hallar una forma concreta, viable y auténtica de representación de la Comunidad Nacional. Sobre este punto hacemos presente que la doctrina democrática en boga implica que tanto el Jefe de Estado como el Parlamento representan a la Nación como un todo, sin que el representante se vincule a los ciudadanos que lo eligen, con lo cual concordamos, dada nuestra posición doctrinal, por lo que el desafío radica en demostrar que la representación o defensa de intereses sociales concretos puede converger en una representación nacional verdadera, es decir, cambiar de arriba-abajo los paradigmas y lugares comunes de la teoría constitucional.

Luego, se hace necesaria la formación política de la comunidad nacional, la comprensión por ésta de los problemas políticos fundamentales, los intereses que los chilenos deben defender y cómo hacerlo, y todo ello porque el Estado no se justifica sino es en relación con fines de conservación y desarrollo de la comunidad nacional, sin los cuales carece de sentido.

La difusión y asimilación de los conceptos políticos -los nuestros, por cierto- entre un sector consciente y considerable de la comunidad generará masa crítica, la “autoridad” o saber socialmente reconocido[5], que puede actuar como factor de cambio revolucionario.

Finalmente, pasar de la “masa crítica consciente” a la formación de una “fuerza política” tan amplia y organizada que sea capaz de asumir la representación del pueblo -esta vez como un todo- para imponerse frente a las fuerzas que actualmente mantienen la forma política partidocrática.

Sólo entonces podremos decir que tenemos un Poder Constituyente listo para mandar a la historia el orden político liberal y partidocrático. Antes no.


[1] Véase el artículo Asamblea ¿Constituyente? en nuestro número 13, de mayo de 2010, página 7 y siguientes.

[2]   Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución,  Ed. Alianza, Madrid, 2009.

[3] El que por cierto, copia demasiado de la Constitución francesa del año 1958…

[4] Por ahorrar el oprobio, evitamos extendernos sobre las propuestas contenidas en el “documento programático” de Eduardo Frei: Una Constitución para el Bicentenario.

[5] Para la distinción entre autoridad y potestad, se recomienda la obra sobre derecho romano de los juristas Álvaro D’Ors y Francisco Samper Polo.

AD logoArtículo publicado originalmente en la revista Acción Directa Nº 14, junio 2010.

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