Un gobierno para la Comunidad Nacional I

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Ya hemos propuesto en nuestro artículo“Un mecanismo para el Estado Nacional Sindicalista”la existencia a cada nivel territorial de un Comité Ejecutivo con funciones planificadoras y normativas, y un Presidente que coordine su trabajo y disponga de atribuciones propias de ejecución, ambos subordinados de un modo u otro a la Asamblea respectiva.

Aplicado tal esquema al gobierno central, deben efectuarse algunas adecuaciones, puesto que, a diferencia de la comuna y la región, el gobierno nacional debe abordar una serie de asuntos permanentes y esenciales para la subsistencia de la unidad política, como son: a) relaciones exteriores, b) defensa nacional; c) formación de órganos superiores de control y jurisdicción, etc.

Además de lo anterior, conviene precisar que es lo que esperamos de una institución gubernamental, a partir de lo cual podemos diseñar los órganos que cumplan mejor esas finalidades:

a) Diseñar políticas en los planos interior y exterior conforme a las necesidades reales de la Nación y con la participación efectiva de las comunidades sociales, económicas y culturales que la integran.

b) Ejecutar esas políticas con la mayor eficacia y eficiencia posibles, y siempre bajo un control de legalidad por los órganos competentes, y político por parte de la representación comunitaria.

c) Representar y defender a la Comunidad Nacional por encima de los intereses de las comunidades menores, sobre todo en situaciones de conflicto.

El logro de todo lo anterior exige sintetizar tanto la colegialidad propia de un mecanismo participativo como el mando unipersonal necesario para actuar con  rapidez; el control de las decisiones generales como la independencia que exigen los momentos críticos. Nuestro actual presidencialismo claramente no satisface la necesidad de una elaboración participativa de las políticas de Estado, puesto que éstas se afinan entre cuatro paredes sin consultas válidas a los interesados, pero tampoco responde plenamente a la independencia que se supone tiene el Jefe de Estado, ya que la dinámica lo convierte en rehén de las fuerzas que lo sostienen, sean los partidos o los poderes financieros. Las apariencias engañan.

Así, la estructura general del gobierno que proponemos estaría conformada del siguiente modo:

a) Una Comisión de Gobierno o Comisión Ejecutiva, encargada de diseñar la política general interior y exterior del Estado para un periodo determinado, así como las proyectos de plan de desarrollo económico y social y el Presupuesto para su aprobación por las Cámaras. También tendría atribuciones normativas (algunos reglamentos y delegaciones legislativas)

b) Un Jefe de Estado, que actúe como Presidente de la Comisión de Gobierno y representante de la Nación como un todo, con atribuciones para coordinar el trabajo de dicha Comisión, proponerle actos de su competencia, dirigir la ejecución a través de los Ministerios, así como la Jefatura suprema de las fuerzas armadas.

c) Ministerios o Departamentos de Estado: son los órganos que, dirigidos y designados sus titulares por el Jefe de Estado, tienen la misión de poner en marcha las decisiones de gobierno en sus diversos sectores, proponer políticas y dirigir la acción de los servicios públicos que de ellos dependan, en coordinación con los entres corporativos y territoriales.

Estimamos que la introducción de esta nueva estructura será capaz de superar los vicios derivados tanto del presidencialismo exacerbado -que deriva en caudillismos sobre todo en nuestra realidad americana- como de los parlamentarismos europeos en que la gobernabilidad y estabilidad políticas quedan encadenadas a la ingeniería electoral que asegure coaliciones mayoritarias de partidos.

El primer problema que debemos afrontar es la generación (constitución) de la Comisión y del Jefe de Estado. Aún cuando se trata de órganos con atribuciones propias y controles particulares por parte de las Cámaras, la exigencia de unidad en la orientación política del gobierno exige que ambos sean elegidos en forma conjunta y la exigencia de un mínimo de independencia hace necesario que su permanencia no quede supeditada a cualquier mayoría parlamentaria ocasional, como ocurre en regímenes parlamentarios como el italiano. Tampoco concordamos con el sufragio universal directo por su propensión a la manipulación por los medios de masas y el poder del dinero, por lo que nuestra proposición va encaminada hacia un modo de elección indirecto.

Entrando en materia, cada candidato a la Jefatura del Estado deberá ser avalado por un número determinados de delegados nacionales (de las Cámaras Social o del Trabajo) y plan general de gobierno, junto con la nómina provisoria de quienes formarán su Comisión de Gobierno, ya que, dada la necesidad de establecer ciertos compromisos previos con diversos sectores, la nómina definitiva puede cambiar. El Jefe de Estado y su Comisión de Gobierno serán elegidos por un colegio ad hoc, que podría estar conformado por todos los delegados comunales, los cuales deberán estar informados del proyecto de cada candidatura, permitiéndoles adecuar su voto a los compromisos que han contraído con sus bases.

Una vez elegido, el Jefe de Estado sólo podrá ser destituido mediante un proceso de juicio político por causales expresamente determinadas en la ley constitucional, y en el cual la decisión será tomada por dos votaciones sucesivas de cada Cámara Nacional, correspondiendo a la Cámara del Trabajo la aprobar la acusación y a la Cámara Social juzgar en definitiva. En cuanto a los miembros de la Comisión de Gobierno, es posible que éstos puedan cambiar por renuncia u otros motivos, por lo que, en caso de vacancias, el Jefe de Estado deberá presentar una terna para su reemplazo a la Cámara Social, la cual deberá escoger necesariamente uno de los nombres propuestos, de modo que logremos un equilibrio entre la mantención de un liderazgo político con la participación de las comunidades representadas.

Finalmente, los Ministros o Jefes de los Departamentos de Estado serán designados y removidos libremente por el Presidente, aunque estarán sujetos a fiscalización por cualquiera de las Cámaras y a juicio político en los mismos términos que el llamado “Primer Mandatario”.

En una próxima entrega analizaremos más en detalle a la Comisión de Gobierno, sus atribuciones y funcionamiento.