Un gobierno para la Comunidad Nacional IV

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Ya hemos establecido los órganos generales de decisión y dirección del gobierno en un futuro Estado Nacionalsindicalista. Ahora es el turno de pensar en el mecanismo que permita implementar la ley y los planes gubernativos en todo lo que corresponda al nivel central, en coordinación con la autonomía relativa de los poderes municipales y regionales.

El nivel esencial de enlace entre el Gobierno -a través del Jefe de Estado- y la Administración son los Ministerios, que definimos como departamentos políticos o secretarías de Estado encargados de ejecutar los planes en su sector de actividad, mediante tres vías: Dirigir los servicios públicos centralizados, vigilar el trabajo de los servicios públicos descentralizados y corporativos, y fiscalizar a las actividades privadas para que cumplan con la ley y los objetivos del desarrollo nacional. Debe quedar claro que los Ministerios son órganos ejecutivos y no formuladores de “políticas públicas” o asesores presidenciales, pues ya hemos señalado que instituciones deben cumplir dichas tareas. Analicemos las funciones generales: 

1. Dirección de Servicios Públicos Centralizados: El Estado debe atender tareas, algunas que son esenciales para la subsistencia del mismo -orden público, justicia, diplomacia y defensa- y otras necesarias para atender las necesidades de la Comunidad Nacional, como la promoción del desarrollo económico, la educación, las obras públicas y otros servicios básicos. Para ello, se crean instituciones tales como las Fuerzas Armadas (aunque la función de defensa es natural a la comunidad), servicios de salud y vivienda, empresas de producción, universidades y otras entidades educativas, etc., todas las cuales requieren de una orientación coherente, pues son instituciones que deben gestionarse con miras a lograr el desarrollo comunitario, y no por mantener una burocracia estéril.

Es por ello que dentro de los Ministerios deben establecerse Direcciones Generales (si bien pueden tener nombres diversos según la naturaleza sectorial) por sectores que tengan a su cargo la coordinación de los servicios públicos ligados directamente al gobierno central y cuya organización sea eminentemente jerárquica y basada en el mando unipersonal, que tendrán la misión de administrar el servicio, establecer los programas concretos de acción y controlar la conducta de sus funcionarios subordinados, incluyendo las medidas disciplinarias. Sobre estas direcciones recaerá parte importante del control y la responsabilidad políticas y judiciales, de modo que no sea vea afectado el Ministerio en su totalidad a menos que ello sea estrictamente necesario. 

2. Vigilancia de Servicios descentralizados y corporativos: Existen otras instituciones del sector público que no pueden ser dirigidas de modo jerárquico desde los Ministerios, ya que son gestionadas por la comunidad a través del municipio, de las regiones, o la ley les ha dotado de un régimen peculiar con ciertos grados de autonomía en la determinación de sus proyectos periódicos y en sus asuntos internos. Además, recordemos que el régimen nacionalsindicalista entregará a las cámaras sindicales o corporaciones la atención de diversas tareas de bien común distintas a las atribuciones propiamente sindicales (como pueden ser los tribunales de la competencia o del trabajo) en que debe existir una presencia que defienda el interés comunitario frente a posibles desvíos particularistas que no deseamos.

Para el cumplimiento de esta función, deben proveerse variados mecanismos. En el caso de los servicios comunales y regionales nos parece adecuada la existencia de delegaciones del gobierno que velen por que las políticas de las mencionadas entidades mantengan mínimos grados de coherencia con los planes nacionales en materia de salud, vivienda o educación. Respecto a organizaciones tales como Universidades, empresas, etc., que requieren de mayor autonomía dada su particular naturaleza y suelen estar dirigidas de modo colegiado, la participación del poder central debe realizarse mediante la designación, por medio del Ministerio respectivo, del presidente o de un número determinado representantes en los consejos directivos con derecho a voto, de modo de asegurar la participación del Gobierno sin perturbar en exceso las tareas cotidianas de la organización.

3. Fiscalización de actividades privadas: Respecto a las actividades privadas -sobre todo cuando repercuten de modo grave sobre la vida de la población como los servicios básicos, la alimentación, condiciones de trabajo, medio ambiente, etc.- la Administración tiene el deber de controlar tanto el cumplimiento de las leyes vigentes como promover conductas privadas acordes a la planificación social y económica adoptada por el Gobierno. Es aquí donde la Administración del régimen nacionalsindicalista debe probar su alejamiento del falso dilema del libre mercado extremo y del estatismo.

Esta tarea debe cumplirse a través de Superintendencias, muchas de las cuales existen actualmente en diversos sectores como el sanitario y eléctrico, pero, que requieren estandarizar su estructura general (Superintendencia “tipo”), mejorar sus procedimientos para garantizar la defensa de las personas y entes regulados, así como mejorar la calidad de su personal técnico, de modo que las decisiones que adopten cumplan tanto con el respeto a la legalidad vigente como con los conocimientos de su área particular. Sólo por señalar algunos rasgos generales, estimamos que cada Superintendencia debe poseer un comité superior con atribuciones normativas y sancionadoras (evitando la arbitrariedad excesiva propia de las decisiones unipersonales), mientras que el jefe del servicio puede dirigir directamente las actividades de fiscalización en terreno.

Lo esencial para nosotros es que no existan programas gubernamentales -sin importar su magnitud- que queden fuera del esquema ministerial y del control por la Comisión de Gobierno, ya que se así se mantiene la coordinación entre todos los sectores y se evita la creación de feudos.

Para la ejecución de éstas tres tareas fundamentales, cada Ministro de Estado contará con el personal de secretaría, coordinación interna y comunicaciones imprescindible, debiendo fijarse por ley las dotaciones máximas y estableciéndose sanciones severas para las contrataciones injustificadas.

El control de la actividad administrativa:

Control jurídico: El actual trabajo de examen previo y posterior a través de la Contraloría debe descentralizarse al máximo posible, a través de entidades regionales y comunales de control con rango legal, autonomía y atribuciones suficientes para que la tramitación de los actos administrativos sea lo más rápida posible. Es necesaria la creación de tribunales exclusivamente administrativos y de acciones jurisdiccionales eficaces, terminando con el fetichismo del recurso de protección y la nulidad de derecho público, que todos sabemos que no sirven de nada.

Control político: En primer lugar, la propia Comisión de Gobierno tiene el derecho y el deber de exigir rendiciones periódicas de cuentas a los Ministros y Directores Generales acerca de su trabajo, con el fin de efectuar las recomendaciones necesarias al Jefe de Estado. Además, las comisiones de las Cámaras corporativas podrán siempre recabar antecedentes de los Ministerios y sus entidades subordinadas o relacionadas, así como promover la destitución de los Ministros y otros funcionarios directivos, conforme el procedimiento establecido en la ley constitucional.

Algunos podrán objetar que nuestra proposición no innova mucho respecto de muchas estructuras administrativas actuales, a lo cual debemos responder que nuestra tarea fundamental como revolucionarios no es tanto el ser “originales” –pues los principios de una buena gestión son universales- sino el imponer a toda costa orden y coherencia donde actualmente existe un caos estructural, producto de una evolución legislativa caótica de décadas. Tenemos la tarea gigantesca de reordenar los Ministerios existentes y todas sus instituciones, para lo cual se necesita una voluntad de cambio total inexistente en todos los partidos del régimen. Sólo los revolucionarios podemos hacerlo.-