Una acusación conocida contra el Nacionalsindicalismo y, en general, contra la doctrina corporativa del Estado, es achacarle la finalidad expresa u oculta de suprimir el pluralismo político e ideológico mediante la eliminación de todos los partidos o el establecimiento de un partido único, invocando espuriamente la idea de unidad nacional contra el divisionismo encarnado en dichas organizaciones.
Continuando con lo expuesto por Ayala, toca ahora ocuparnos de otro problema gravísimo a la hora de enfrentar el cambio constitucional: Actualmente no existe en Chile un Poder Constituyente digno de tal nombre. ¿Por qué decimos esto? De acuerdo a Schmitt[2], Poder Constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre el modo y forma de la concreta existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo. De la definición transcrita se pueden realizar las siguientes consideraciones.
La Asamblea Constituyente fascina corazones con un racionalismo propio del siglo dieciocho, cegando la razón y violentando con un fervor cuasi-religioso de redención, panacea y felicidad posible de alcanzar en la tierra[1]. La petición de ella, la Asamblea Constituyente, comprueba la vieja idea de que la estupidez humana es infinita, y remueve de la memoria dos siglos de historia sangrienta, arriesgándonos a, mutatis mutandis, “perpetuarlos” en vez de superarlos. Es difícil cambiar la mentalidad moderna-racionalista aún en sus postrimerías posmodernas.
La naturaleza no tuvo piedad. Sabemos que somos un territorio sísmico, lo repetimos como cliché y, a pesar de ello, la catástrofe llegó para quedarse, ya que al cabo de los días hemos ido dimensionando los reales efectos del terremoto del pasado 27 de febrero; los cuales han derivado incluso en auténticas zonas de guerra en diversos lugares de Chile.
No hemos tenido complejo alguno al defender -ahora y siempre- la doctrina corporativa, es decir, la organización del Estado a partir de la realidad social concreta. Consideramos esencial introducir nuevamente en el debate la opción corporativa y librarla de la estigmatización de que es objeto por parte de los cultores de la ciencia política y jurídica al servicio del $istema, por lo que se hacen necesarias algunas aclaraciones conceptuales sobre qué entendemos por corporación y cómo le diferenciamos de la práctica histórica de los regímenes llamados corporativos.
