Es urgente la alternativa a la democracia liberal, es urgente un Estado de Comunidad Nacional, Nacionalsindicalista. Pero, ¿es viable ese Estado que aún no rige? Pensamos que sí, pero no basta con declararlo, sino en demostrarlo racionalmente. Ello exige, no sólo describir los fines, funciones u órganos del nuevo sistema político, sino el modo de relación de los mismos, el cómo han de trabajar para lograr una actividad racional, eficaz y eficiente.
Cuando se actúa en el plano del poder, las clases o grupos luchan por imponer sus visiones ideológicas y ciertas instituciones políticas y sociales que permiten esa imposición al resto de la comunidad. En el mundo actual, existe una plutocracia internacional y oligarquías locales que tienen por objeto convertir a las naciones en sociedades de consumidores egoístas y carentes de toda moral y trascendencia, fácilmente sometibles al poder financiero, para lo cual se sirven de la democracia liberal, los partidos, los medios de comunicación, ONG’s, tribus urbanas instrumentalizadas y, en última instancia, el poder militar ante acciones de rebelión popular abierta.
Desde las guerras de independencia, los pueblos de América, hemos sabido de cientos de Asambleas Constituyentes que asumieron, en su momento, la tarea mesiánica de establecer la justicia y el progreso por el sólo hecho de establecer un texto constitucional, conjunto de bellas declaraciones que en nada solucionaban los problemas sociales del continente. En los años recientes, el populismo izquierdista en el cono sur ha revivido esta creencia ingenua que, de una nueva Ley Fundamental, podía surgir la construcción instantánea de un nuevo orden político y social revolucionario.
Los políticos profesionales apelan siempre a la “soberanía del pueblo” como fundamento último de todas sus acciones, buenas o malas (últimamente más malas), queriendo hacernos creer que sus decisiones son fiel expresión de la voluntad de las grandes mayorías. La simple observación de los hechos, nos demuestra que dicha aseveración no es más que una patraña, pero el problema no se encuentra ahí, sino en hallar una nueva forma de gestión de la sociedad que garantice la representación y participación de todos, por un lado, y la administración eficiente, por otro.
En Chile, las elecciones de parlamentarios son guiadas por el sistema electoral llamado binominal. Según este mecanismo, cada circunscripción o distrito electoral elige dos representantes, y un pacto electoral obtiene los dos cargos si su votación dobla a la de la lista que la sigue. De no ser así, cada una de las dos listas más votadas se queda con un cargo, sin importar la diferencia de votación entre una y otra lista. Este sistema se propuso como oposición al proporcional, que tiene por objetivo la real representación en el parlamento del porcentaje de apoyo que posee cada corriente política.
